La presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, ratificó su pedido al Ministerio Público y al Poder Judicial para que cumplan con su deber de denunciar y procesar a las personas involucradas en los actos de violencia registrados en el interior del país.
La ministra demandó a los actuales congresistas así como a los nuevos legisladores que empezarán sus funciones a partir del 26 de julio próximo, hacer seguimiento a las denuncias formuladas contra los autores de los actos de violencia en Puno, Huancavelica y Huancayo.
Durante su presentación ante los miembros de la Comisión Permanente del Parlamento para explicar los hechos de violencia en Puno y Huancavelica, Fernández dijo que hay indicios razonables de motivación política en las últimas protestas, especialmente en Puno.
“No lo he inventado, hablo de inicios razonables de una concertación política”, sostuvo. Asimismo, insistió en que las acciones de protesta registradas tienen como objetivo opacar al gobierno saliente.
La jefa de la PCM añadió que no se debe perder de vista que a la fecha existen muchos movimientos políticos en actitud beligerante con los presidentes regionales, tal como sucede en Puno.
Respecto a las demandas de los manifestantes, tomó nota que los reclamos pasaron de aspectos puntuales a exigencias más amplias y que en algunos casos trascienden los temas originales.
Por ejemplo, mencionó que los reclamos en Huancavelica derivaron hacia una demanda para cerrar la Escuela de Oficiales de la PNP, mientras que en Huancayo se pasó de un pedido de aumento a la dieta universitaria, a acciones de violencia y toma de carreteras.
