Los antecedentes judiciales de los nuevos parlamentarios

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El nuevo Congreso de la República está listo para iniciar sus funciones con el supuesto propósito de revertir la imagen negativa que la opinión pública tiene de este poder del Estado. Sin embargo, la tarea no será fácil con el pasivo que arrastra la nueva plana parlamentaria: 33 de sus 130 integrantes tienen procesos abiertos en diferentes juzgados del país.

Es decir, el 25% del nuevo Legislativo tiene problemas con la justicia por diferentes imputaciones. En esta situación no hay distingo de color político: en todas las nuevas bancadas hay representantes que iniciarán su labor parlamentaria y gozarán de inmunidad teniendo aún procesos abiertos.

La alerta la dio el jueves pasado el reelecto congresista Víctor Andrés García Belaunde. Luego, el propio presidente del Parlamento, César Zumaeta, ratificó la cifra: “Son 33 que están judicializados”.

Estos datos se conocieron luego de que el saliente Congreso –gracias a los votos de nacionalistas, fujimoristas y pepecistas– se opusiera al proyecto de ley para que los parlamentarios electos no asumieran sus funciones mientras no saldaran cualquier deuda con la justicia.

Tal vez Zumaeta dio la explicación del porqué de la negativa a este proyecto: la mayoría de procesados pertenece a los dos principales grupos del próximo Parlamento: Gana Perú (GP) y Fuerza 2011 (F2011).

ALGUNAS ‘PERLAS’. Fuentes judiciales consultadas por Perú.21 nos informaron de algunos casos judicializados que están pendientes de resolverse. Quizás el que más llama la atención es el juicio abierto al pastor Humberto Lay Sun, quien integrará la bancada de la Alianza Por el Gran Cambio (APGC).

Según el expediente N° 12054-2008-0-1801-JR-PE-31, que obra en el 31° Juzgado Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, a Lay lo están procesando, junto con otras personas, por el presunto delito de hurto agravado en agravio de su partido, Restauración Nacional, y del militante Luis Vílchez Torres.

Por el mismo delito está procesada, en el 22° Juzgado Penal para Reos Libres, la legisladora electa Esther Capuñay Quispe, de Solidaridad Nacional (SN).

Como dato curioso, debemos señalar que en ese mismo juzgado se encuentra la denuncia contra el fujimorista Reber Ramírez Gamarra por el presunto delito contra la fe pública.

Uno de los casos más escandalosos es el de Wilder Ruiz Loayza (GP), quien afronta más de 30 procesos judiciales que van desde homicidio hasta daño a la propiedad.

Otra encausada por, presuntamente, haber participado en un homicidio es la también nacionalista Claudia Coari, mientras que su colega de bancada Walter Acha es investigado por vínculos con el narcotráfico.

Asimismo, otro de los connotados prontuariados que ganará inmunidad es Eulogio Romero, también de Gana Perú, denunciado por malversación de fondos. Fue detenido el 9 de mayo y liberado un día después.

Figura también el cusqueño Hernán La Torre (GP), con proceso por malversación de fondos. Y ni el vicepresidente electo Omar Chehade se salva de los procesos. Tiene un juicio pendiente en el 33° Juzgado Penal de Reos Libres por fraude procesal, falsedad genérica y otros.

En tanto, en el 7° Juzgado Penal para Reos Libres figura la denuncia contra Heriberto Benítez (SN) por asociación ilícita y otros delitos.

Igualmente, dos congresistas que retornan a una curul, Yehude Simon (APGC) y Luz Salgado (F2011), tienen abiertas causas penales por resistencia a la autoridad.

Tampoco se salva el expremier Javier Velásquez Quesquén, procesado por abuso de autoridad contra el municipio de Yauyos. Y por difamación están bajo la lupa Modesto Julca (PP) y Martha Chávez (F2011).

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