Un total de 160 colegios privados de Lima metropolitana son investigados hasta el momento por el Indecopi, por presuntamente efectuar cobros indebidos en perjuicio de los consumidores, informó hoy el titular de esa entidad, Hebert Tassano.
El funcionario precisó que, en el marco de una campaña de verificación, inspectores del Indecopi detectaron que diversos centros educativos cobraron pensiones adelantadas, cuotas extraordinarias e incluso exigían la compra de uniformes y útiles escolares en lugares específicos.
En el caso de los cobros extraordinarios, se constató que en algunos colegios se exigía pagar por rifas, donativos, entre otros gastos, lo que no está permitido por ley, pues los padres de familia sólo están obligados a pagar la matrícula o la cuota de ingreso de los alumnos nuevos.
También se detectó que en algunas instituciones educativas el monto exigido por concepto de matrícula era mayor al valor de la pensión, pese a que éste debe ser igual o menor a lo que se paga por la cuota mensual.
“Seguimos en proceso de investigación y aplicaremos las sanciones del caso por diferentes motivos en el tema escolar. Aún hay tiempo para que la población que se haya visto afectada por este tipo de situaciones pueda presentar sus reclamos”, expresó el funcionario.
Añadió que personal de incógnito del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sigue visitando de manera sorpresiva diversos planteles privados para detectar estas prácticas que vulneran los derechos de los consumidores.
Tassano recordó que, de acuerdo con la normatividad vigente, las infracciones a la Ley de Protección al Consumidor pueden ser sancionadas con multas de hasta 450 unidades impositivas tributarias (UIT), monto que supera el millón 640,000 nuevos soles.
Los padres de familia pueden formular de manera anónima sus quejas y denunciar este tipo de situaciones, en los teléfonos 224-7777 (Lima) y 0-800-4-4040 (línea gratuita para provincias).
En otro momento, el titular del Indecopi señaló que continúa la investigación a las editoriales cuyos fondos fueron retenidos por la institución por estar implicadas en presuntos negociados con algunos colegios de Lima para que elijan sus textos escolares.
Mencionó que a algunas de estas empresas editoras se les dio la alternativa de levantarles el embargo de sus cuentas a cambio de presentar una carta fianza por un monto determinado.
Fuente: Andina
