La “Cuna del Arpa”, denominación de la provincia de Oyón, fue la elegida por el Consejo regional de Lima, no solo, para efectuar una más de sus sesiones descentralizadas, el último jueves 8 de setiembre del presente año; sino para lejos del alcance de la prensa y la mayoría de la ciudadanía de la región, aprobar sin mayores cuestionamientos la exoneración de licitación de las laptops, identificada con el nombre técnico de proceso de selección para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento de la Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación -TICS en los niveles de primaria y secundaria de EBR de las I.E. Piloto de la Región Lima”, cuyo monto de ejecución asciende a 5,291,006.54 Nuevos Soles.
Seguramente, cómodo por haber llegado a su añorada tierra oyonense, y demostrando que es uno de los hombres más controvertidos del actual Consejo regional, el Consejero regional por la provincia de Huaura, Marcial Palomino García Milla fue el encargado de proponer la re… re… reconsideración de la exoneración de la licitación de las laptops, la misma que recibió el respaldo de otros cinco consejeros, haciendo seis los votos que aprobaron la polémica exoneración; entre ellos figuran Rosa Liliana Torres Castillo, Cañete; Anselmo Eleuterio Ventocilla Villarreal, Cajatambo; Oswaldo Merino Espinal de Huaral, Olmer Luis Torres Albornoz, Oyón y Hugo González Carhuavilca de Huarochiri. Mientras que Beatriz Castillo Ochoa, Barranca; Eduardo Ulises Rodríguez Lázaro, Yauyos; y, Julissa Rivas Berrocal, Canta; votaron en contra de la decisión de aprobar dicho pedido del Consejero de Huaura.
La pregunta que surge frente a este polémico hecho, ¿Qué fuertes motivaciones obligan a la mayoría del Consejo regional a manosear tanto el tema laptop? ¿No les preocupa que la población malinterpreten sus vaivenes en este tema? ¿Tendrán algunos intereses particulares y de grupo? Lo cierto, es que estos acuerdos y desacuerdos van a terminar por desacreditar más a los miembros del Consejo regional de Lima y los ponen en el ojo de la tormenta; toda vez que no vienen cumpliendo con su obligación legisladora y fiscalizadora, sino que se van enredando en su propia telaraña de indecisiones e incapacidades, más si, traslucen la búsqueda de ciertos intereses personales, por los antecedentes personales, profesionales y políticos de muchos de sus integrantes.
CRÓNICA DE UNA EXONERACIÓN ANUNCIADA
Cuando el actual presidente regional Javier Alvarado, ofreció la entrega de una laptop a los docentes, a la luz de los resultados, con un Consejo regional mayoritariamente integrada por militantes de La Familia, todos veían difícil que se concrete, nadie en su más sano juicio político podría presagiar que ese legislativo regional le iba dar su apoyo, por muchos fundamentos; por lealtad a su líder Nelson Chui, por oposición y piconería ante aquel que les había ganado las elecciones en segunda vuelta.
Oh sorpresa, el Consejo regional hizo eco de la oferta del cañetano presidente regional y aprobó la exoneración a licitación pública para la compra de laptop el pasado jueves 2 de junio, con el Acuerdo de Consejo Nº 43, ante la sorpresa y la incredulidad de los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Luego devino una serie de protestas airadas e indignadas porque se advertían ciertos manejos oscuros en la compra de las computadoras portátiles para los docentes, con licencia de una parte del Consejo regional de Lima.
Ante los duros cuestionamientos, el Consejo regional, por mayoría, anula el Acuerdo de Consejo Nº 43 que exoneraba al ejecutivo del proceso de licitación de las laptops a la vez de censurar a funcionarios que no sustentaron bien el pedio de exoneración, esto se materializó a través del Acuerdo de Consejo Nº 48 del 17 de junio, con 5 votos a favor, 1 en contra y dos abstenciones. En aquella oportunidad con aparente lucidez y transparencia a toda prueba, la iniciativa de anulación fue presentada por el Consejero regional por Huaura, Marcial Palomino García Milla.
Y con el propósito de demostrar que el Consejo regional de Lima quería hacer bien las cosas y para que no quede duda de su firmeza de corrección en el caso laptops, en sesión del 27 de agosto volvieron a ratificar el Acuerdo de Consejo Nº 48, que declaraba improcedente la exoneración a la compra de las computadoras portátiles. En aquella ocasión estuvieron a favor los consejeros Merino, Ventocilla y Torres Albornoz; y, en contra los consejeros Rivas, Castillo y Rodríguez Lázaro; se abstuvieron los consejeros Gonzáles y Palomino. Ante el empate la Consejera delegada Beatriz Castillo, dirimió, con su voto en contra, con lo que la exoneración no iba más. Liliana Torres Castillo, Consejera por la provincia de Cañete, no participo de la sesión porque solicito permiso.
Todo esto, es simple borrada con el codo lo que se hicieron con la mano, por cuanto una vez más, los consejeros regionales, no están a la altura de tan importante cargo por su poco nivel y muestras de alejarse de lo que la norma expresa para caso como la adquisición de las laptops, por los montos en juego.
OPINIONES QUE CAEN EN SACO ROTO
A estas alturas ya no quedan dudas del cuestionado papel que cumplen la mayoría de los integrantes del Consejo regional de Lima, que al margen de cumplir una posición fiscalizadora en el marco de ley, de la gestión regional y así darle un norte a la alicaída administración del cañetano presidente regional.
Asimismo, este Consejo regional y el señor Javier Alvarado están gobernando a espaldas del pueblo, porque no escuchan sus voces. En el caso de las laptops muchos especialistas y políticos se han pronunciado, resaltando que es ilegal la exoneración de la compra de las laptops para los maestros. Aun así, el Consejo regional acaba de dar un ‘oyonazo’ y decidió aprobar la exoneración.
En su momento el abogado huaralino José “Pepe” Ramos Casasola, opinó “El Acuerdo de Consejo que exonera del proceso de selección, la adquisición de 1901 laptops, 1001 ecran y 200 proyectores multimedia, por el monto de 5′291,006.54 Nuevo Soles vulnera el art 38 de la Constitución Política del Estado que señala lo siguiente Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el Ordenamiento jurídico de la Nación”
“Las adquisiciones del Estado, en los tres niveles, de gobierno central, regional y local, están sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado D.L 1015 y su reglamento aprobado por D.S 184-2008-EF, por lo tanto cualquier compra de bienes y servicios se enmarcan dentro de dicho ordenamiento legal, por lo que su incumplimiento vulnera el art 38 de la Constitución y la Ley de Contrataciones del Estado y por lo tanto deviene en nulo de pleno derecho de conformidad con el art 10 de la Ley 27444 Ley General de procedimientos Administrativos, que establece, que es nulo el acto administrativo contrario a la constitución y la Ley”.
“Es decir jurídicamente no hay posibilidad de introducir otra causal, que las establecidas previamente en la norma y su reglamento, hacer lo contrario simplemente es cometer un acto ilícito, que puede ser materia de sanción tipificada como abuso de autoridad por omisión, y puede ser inclusive una vez sentenciados causal de vacancia, ya que el exonerar, señores Consejeros, es algo muy serio, que ustedes debe evaluar a profundidad y que no se trata de salvarle la vida al Presidente, ni de cumplir ofertas electorales demagógicas, sino de lo que se trata es del fiel cumplimiento de la Ley, de tal manera que podamos desde el gobierno dar ejemplo de civismo y de respeto a las instituciones, porque si mañana, nos dedicamos e exonerar todos los procesos de selección, por ganar tiempo, entonces mejor desactivamos el OSCE y adiós control del estado sobre quienes manejan recursos públicos”.
“Los señores Consejeros, deben tener mucho cuidado en el ejercicio de sus funciones, por la salud moral de la región y sobre todo deben tener en cuenta que, detrás de cada proceso de selección, no solamente hay gobernantes y funcionarios corruptos, sino también empresarios muchos de ellos sin escrúpulos que, se han convertido en mafias, que atrapan a quienes detentan transitoriamente el poder”, dijo en su momento Ramos Casazola.
NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA
Si algo hay que reconocerle, al presidente Alvarado es su experiencia en gestión pública. Experiencia que hasta el momento no se plasma en obras de impacto y transparencia, sino en exoneraciones, pues siendo alcalde provincial de Cañete, también utilizó dicha cuestionada estrategia.
Como se recuerda, los concejales cañetanos le autorizaron la exoneración de proceso de licitación para la sobrevaluada compra del terreno para el futuro hospital regional de Cañete, cuando fue burgomaestre de la mencionada provincia del sur de la región Lima. Hecho por el cual, ha sido denunciado Javier Alvarado Gonzáles del Valle por el Congreso de la República.
También, logró exoneraciones para comprar ambulancias y camión compactador, es decir, una raya más al tigre (toro) no significa nada
Fuente: Ecos Huacho
