En conformidad a un estudio¹ realizado por Julio Gamero –ex viceministro de Promoción del Empleo- solo el 8.2% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada tiene un trabajo decente en el Perú². Asimismo, de acuerdo al estudio solo uno de cada cinco asalariados tienen trabajo decente; mientras que entre los trabajadores no asalariados prácticamente nadie (0.4%) accede a un trabajo de calidad.
En el país “estrella de la región” con un modelo económico “exitoso” y “a puertas” de ubicarse entre los países desarrollados es un lujo tener un trabajo decente. Las cifras son claras. Estamos frente a una interesante paradoja o ante el desvanecimiento de lo que el psicoanalista Jorge Bruce ha calificado como una nueva religión: el “opio de los dominantes”.
¿Qué se entiende por trabajo decente?
La metodología implementada por Gamero se basa en el concepto utilizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Acorde a este concepto el trabajo decente significa cumplir las siguientes condiciones: tener un contrato laboral o en caso de no ser asalariado que el respectivo negocio este registrado; tener un nivel de ingreso mayor o igual a la remuneración mínima vital; tener una jornada laboral de 48 horas semanales y tener algún seguro de salud y afiliación al sistema de pensiones. Ni más, ni menos.
Más allá de lo importante que significa operativizar y por ende poder cuantificar el concepto de trabajo decente, lo relevante es centrarnos en el carácter semántico del término. En los últimos años ha prevalecido un esquema conceptual erróneo que ubica al mercado laboral a la par que el mercado de manzanas o el de papas.
En el mercado de manzanas los intercambios entre los individuos se realizan en base a ofertas voluntarias (uno puede o no dejar de comprar uno de estos bienes). De esta forma las relaciones en el mercado entre los individuos reposan esencialmente en la competencia. Por otro lado, en el caso del mercado laboral -si bien existe cierto grado de libertad- las ofertas no son del todo voluntarias (uno simplemente no puede dejar trabajar). Además, una vez en el centro de labores la relación entre empresario y trabajador tiene como telón de fondo a un permanente conflicto de intereses que deriva en el ejercicio de autoridad, de cierto poder por parte de los empresarios.
El meollo del asunto está en la forma en que los empresarios ejercen esta autoridad y si abusan o no de esta posición dominante. Es en este punto donde entra a tallar el Estado que consciente de las condiciones del mercado laboral (nivel de sub-empleo e informalidad en el caso peruano), se encarga de dar las “reglas de juego” entre empresario y trabajadores. El objetivo es el de garantizar un equilibrio entre ambos grupos de interés que garantice que por un lado las empresas sigan operando con sus respectivas tasas de ganancia y por otro que los trabajadores accedan a un trabajo decente como lo es en los países desarrollados. ¿Qué resultado tenemos en los últimos años en el país? Exorbitantes tasas de ganancia de las firmas y solo 8 de cada 100 trabajadores con trabajo decente. El desequilibrio es claro.
La raíz del problema tiene dos caras. Por un lado está la persistencia de un esquema conceptual equívoco en las mentes de muchos “analistas”, columnistas y empresarios que terminan por desinformar y generar falsas premisas en la población como es la satanización del derecho fundamental a la sindicalización o la denominación³ de las vacaciones, gratificaciones y compensación por tiempo de servicios (CTS) como “sobre costos” salariales cuando, bajo cualquier definición legal y económica, son parte del salario anual.
La segunda arista del problema es la ausencia de voluntad por parte del Estado (en estricto de los últimos gobiernos) por no solo plantear, sino sobre todo hacer efectivas “reglas de juego” que equilibren el piso en materia laboral.
La situación laboral que se vive hoy en el país tiene su origen en las reformas que fueron aplicadas durante el régimen autoritario (con golpe de Estado incluido) de Alberto Fujimori. En el gobierno de Fujimori se dio inicio a la flexibilización del empleo que facilitó el despido individual y colectivo; a la promoción de contratos temporales (léase los services); a la privación del derecho al seguro social y a las pensiones y al debilitamiento de los sindicatos. El significado de trabajo decente en el Perú simplemente se borró.
Para cerrar, hoy en día una Fujimori pretende el poder. En la parte de materia laboral de su plan de gobierno se tiene como primer punto de agenda a la flexibilización laboral. Se comprometen solo a respetar los derechos laborales de quiénes los tienen; lo que significa respetar a 8 de cada 100 trabajadores en el Perú ¿y los 92 restantes? Para esta gran mayoría de la población el plan de Fujimori es claro y propone literalmente “medidas inmediatas destinadas a hacer que los costos que las empresas deben pagar al contratar trabajadores se reduzcan considerablemente”. El discurso es el mismo, no dejemos que la historia se repita.
