Ministra Salas afirmó que esta norma afectará a unos 130 maestros con antecedentes.
El Ejecutivo decidió no correr riesgos con la subversión ni con probables casos de abuso sexual en escuelas y remitió al Congreso el anunciado proyecto de ley para separar definitivamente al personal docente y administrativo del sector Educación que registre como antecedente una condena por el delito de terrorismo, apología de la subversión y por violación.
El proyecto fue presentado el pasado viernes y plantea, en su primer artículo, la separación o destitución del servicio e impedimento de ingreso o reingreso para quienes recibieron condena consentida o ejecutoriada por los delitos tipificados en el Decreto Ley 25475, por el delito de apología (Art. 316° numeral 2 del Código Penal) y por los delitos de violación de la libertad sexual (Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código Penal).
En el caso de los docentes o servidores administrativos que se encuentren inmersos en una investigación o proceso penal por estos ilícitos, la autoridad educativa o administrativa aplicará las medidas correspondientes.
Según la propuesta, el Ministerio de Educación coordinará con el Poder Judicial y el Ministerio Público para obtener información sobre el personal procesado y condenado.
Asimismo, se establece que quedan exceptuados de los alcances de esta norma aquellos que fueron beneficiados con la concesión del indulto o el derecho de gracia, contemplado en el régimen especial establecido en la Ley 26655.
El proyecto establece también que la Ley del Profesorado debe señalar como causal del término de la relación laboral por destitución el haber sido condenado por terrorismo, apología o violación de la libertad sexual.
SON 130 CASOS
Por otro lado, la ministra de Educación, Patricia Salas, estimó que, a través de este proyecto, unos 130 profesores sentenciados por delitos de terrorismo y violación sexual dejarían los salones de clases.
Destacó que esto se encuentra, ahora, en manos del Congreso, que someterá a votación la iniciativa.
Según informó RPP, Salas consideró que “los profesores involucrados en acciones subversivas y en abuso sexual no pueden estar en las aulas con los alumnos”.
“Este proyecto se sustenta en la obligación de cumplir con compromisos previstos en tratados internacionales, especialmente los referidos a derechos del niño, y en la necesidad de prevenir que la ideología terrorista se instale en las aulas, en los textos y en la mente de los niños”, agregó.
TENGA EN CUENTA
– Medidas administrativas
Las autoridades educativas que reciban denuncias sobre estos delitos podrán actuar de manera inmediata.
– El proyecto 1018
La iniciativa irá a la Comisión de Educación.
Fuente: Perú 21
