Fiscales del Ministerio Público proponen realizar cruzada a nivel nacional junto a otras instituciones, para sancionar a los padres de familia que no cumplen con su rol en el ejercicio de la responsabilidad parental y permiten que sus hijos menores de edad desarrollen trabajos en condiciones no permitidas.
“En el día del trabajador, exhortamos a las familias a reconocer cuál es su labor de padres, ellos tienen que contribuir a que se cumpla el derecho de educación de sus hijos (…) queremos a los niños estudiando y a los padres trabajando”, manifestó la Fiscal Superior Civil de Lima, Azucena Ines Solari Escobedo.
Durante su participación en el programa de radio “Los Fiscales”, que se transmite por Radio Nacional, la también representante del Ministerio Público ante la Comisión revisora del Código de los Niños y Adolescentes indicó que se está estableciendo el pago de una remuneración efectiva para los menores que trabajan y que no perciban sus ganancias a través de especies, como se da en la actualidad.
Por su parte, Katia Romero Cano, coordinadora nacional en el Perú del Programa IPEC de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostuvo que son más de tres millones de niños en nuestro país, los que realizan actividades consideradas como trabajo infantil y de los cuales el 70% trabaja en el campo o en labores peligrosas o de riesgo.
Sostuvo que el trabajo infantil debe prevenirse “atendiendo las necesidades de las familias de donde están saliendo estos niños que empiezan a trabajar,(…) porque el niño sale a la calle obligado por las carencias económicas en su hogar y por las restricciones en el acceso a los servicios básicos”, manifestó.
Cabe precisar que según la normatividad vigente, los adolescentes entre los 14 y 17 pueden trabajar pero solo en algunos tipos de labores que no representen riesgos para el cuerpo y la salud y con jornadas entre las 4 y 6 horas de trabajo, además, que la actividad a desarrollar no interfiera con su asistencia en la escuela.
También hay algunos otros tipos de labores consideradas excepcionales para niños entre los 12 y 14 años, pero en ambos casos tienen que ser autorizadas por los padres y autoridades municipales o del Ministerio de Trabajo.
