El traqueteo de motores que bombean el agua y remueven la tierra en busca de oro no se detiene de día ni de noche a la altura del kilómetro 103 de la carretera Interoceánica, en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Donde hasta hace cinco meses había chacras o espesa vegetación ahora se levantan frágiles locales con paredes de plástico y esqueletos de madera: restaurantes, boticas, bares, bodegas, hospedajes, grifos, tiendas de repuestos de maquinaria, baños, peluquerías.
Nada falta en este lugar donde solo la venta de cilindros de combustible supera a la de cajas de cerveza. La presencia de estas tiendas nos recuerda que están allí para abastecer la demanda de los campamentos mineros, y que, si la demanda de servicios crece, es porque allá adentro los bosques que protegen a Tambopata se están convirtiendo en una enorme pampa de arena removida. La proliferación de estas tiendas fue desde un inicio el primer síntoma de la devastación en Madre de Dios.
Las autoridades dicen que es imposible conocer la magnitud real de la destrucción, pero se sabe, por ejemplo, que solo en el campamento del km 103, en el sector conocido como La Pampa, habría alrededor de mil mineros y 130 máquinas trabajando.
El presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios, Luis Aguirre, calcula que desde julio más de 15.000 mineros ilegales han instalado sus campamentos entre los kilómetros 103 y 117. “Y todos los días llegan más personas, sobre todo desde La Rinconada, Puno”, dice. Según Aguirre, el alto precio del oro y el respaldo político a los mineros ilegales por parte de un grupo de congresistas liderados por el representante de Gana Perú en esta región, Amado Romero Rodríguez, han acentuado la destrucción en los últimos meses.
EL FACTOR POLÍTICO
La buena relación del parlamentario con los mineros de La Pampa quedó registrada en un video –al que El Comercio tuvo acceso– grabado el 11 junio de este año, cuando Romero ya era congresista electo por Madre de Dios. En el video se ve al congresista reunido con los mineros que invadieron la zona de amortiguamiento de Tambopata. Las imágenes no tienen buena calidad, pero es posible distinguir voces y rostros.
El que habla es Florentino Sucso, secretario de economía de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin). Cuestiona la vigencia del Decreto de Urgencia 012, que suspende los petitorios mineros y prohíbe el uso de dragas en los ríos: “Tenemos un enemigo en común que es el Estado, el otro es la región y los ambientalistas”, grita en la reunión.
Amado Romero está sentado, rodeado por más de 30 dirigentes mineros, en un sector al que los representantes del Ministerio Público solo pudieron ingresar hace unos meses con el apoyo de casi 50 policías. Romero no habla, pero escucha. ¿Qué hacía el parlamentario reunido con unos mineros que han tomado la zona ilegalmente? “Romero intercede por ellos ante el gobierno”, denuncia Aguirre.
El congresista es muy cercano a la Fedemin, gremio que él también presidió durante 2 años hasta el 2010 y que ahora plantea el retorno de las dragas. “Con su presencia en esa reunión quiere legitimar la ilegalidad de los invasores”, dice en voz alta Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la reserva de Tambopata. Eulogio Amado Romero Rodríguez es un reconocido minero en Madre de Dios: tiene 12 concesiones en diferentes partes de la región.
El año pasado, la comunidad nativa de Tres Islas denunció que un grupo de mineros extraía oro ilegalmente de sus tierras. La Dirección Regional de Minería inspeccionó el lugar (concesión minera denominada El Paisano) y constató la presencia de 40 mineros. Ninguno cumplía las normas ambientales. Los trabajadores declararon que eran ‘invitados’ (una especie de inquilinos) de Amado Romero y que, por eso, le entregaban 30 gramos de oro a la semana cada uno. Las autoridades se sorprendieron porque oficialmente esta concesión está a título de Esther Pacamía Limpias.
El informe ha sido alcanzado a la fiscalía ambiental y esta investiga actualmente al parlamentario por delitos ambientales. Lo ha citado ya en varias oportunidades, pero el legislador ha apelado a su inmunidad parlamentaria.
Durante las últimas semanas, además, Romero se ha reunido con el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke para interceder por los mineros de Madre de Dios. Los vínculos de Romero con los mineros se hicieron aún más evidentes la semana pasada, cuando presentó dos proyectos de ley que pretendían derogar el Decreto de Urgencia 012.
Zambrano alerta que este año han ingresado 700 petitorios mineros a la región. “Cien ya han sido rechazados porque está vigente este decreto, pero si este se derogara los otros 600 podrían ser aceptados. Hay muchos intereses, derogar el decreto de urgencia supondría la pérdida de la zona de amortiguamiento”, señala.
TERRIBLE DEFORESTACIÓN
A primera vista parece un desierto. Hay lugares dentro del área de amortiguamiento de la reserva de Tambopata donde no queda nada. Ni rastro de flora y fauna, solo arena sedimentada. “Una comparación de imágenes satelitales nos revela que solo en el 2010 se habrían perdido en esta zona unas 1.000 hectáreas de bosques primarios”, afirma el jefe del área protegida, John Flores Leiva.
Actualmente, hay 134 derechos mineros en la zona de amortiguamiento: 35 poseen títulos y los 99 restantes son únicamente petitorios; pero ninguno cuenta con certificación ambiental.
Muchos han ingresado como ‘invitados’ y otros tantos han invadido concesiones agrícolas. La destrucción de esta área que protege la intangibilidad de la reserva de Tambopata ha derivado en una investigación fiscal en la que se ha incluido como supuestos agresores a Daniel Cutipa, Miguel Yupanqui, Dionisio Reffner Laulette y Juan Apaza Quispe.
En toda esta zona alrededor de 30 mil personas se encuentran involucradas con la actividad minera. Casi la mitad de este universo está compuesto por los mismos mineros. “En el 2007 solo había 90”, indica el presidente de la región. Las autoridades han identificado entre 2.000 y 3.000 motores trabajando en la zona.
Tiendas, grifos y todo tipo de servicios se encuentran a un lado de la carretera, pero el Estado está ausente. “Resulta imposible saber a ciencia cierta qué es lo que ocurre en La Pampa, pues llegar a los campamentos mineros es muy peligroso”, dice John Flores. Cada campamento tiene tranqueras en los accesos y vigilantes privados armados.
A la gran circulación de armas de fuego se suman el reducido número de policías en la región (solo 400 resguardan todo Madre de Dios) y la poca capacidad de fiscalización y logística para ingresar e intervenir en estos lugares. Incluso, un grifo ha sido construido dentro de la zona de amortiguamiento, en el km 105 pero fue clausurado recién cuando se terminó de levantar.
“Hacen falta medidas inmediatas para proteger la reserva, de lo contrario acabarán con la zona de amortiguamiento y podrán ingresar a la reserva”, coinciden autoridades y ONG. Los representantes de la organización Aider, así como el propio jefe de la reserva y el presidente del gobierno regional coinciden en la necesidad de que se declara la emergencia ambiental en La Pampa cuanto antes.
LA FIEBRE SE DISPARA
La fiebre del oro se extiende aceleradamente en todo Madre de Dios, empujada por el precio del oro y la inexistente fiscalización. Lo que pasa en Huepetuhe, la ciudad del oro, resume la incapacidad del Estado: existen una veintena de grifos sin licencia y tiendas que venden armas, también sin licencia. Cada vez llega más gente a este lugar donde las monedas de 10 y 20 céntimos no se aceptan. La historia se repite en Delta 1, Alto Puquiri, Boca Colorado y Huancamayo.
La ilegalidad en Madre de Dios es generalizada y sistémica: hay hombres especializados en abrir trochas, en darle mantenimiento y en cobrar por el peaje, hay también asociaciones de mototaxis que ofrecen sus servicios en todos los campamentos y gremios de comerciantes que negocian con los cabecillas lugares donde instalar sus tiendas. La carretera Interoceánica –reconoce el jefe de la reserva Tambopata– aceleró esta devastación.
LAS CIFRAS
302.154 hectáreas, han sido deforestadas en Madre de Dios hasta el 2010 como consecuencia de la tala, quema y minería ilegal. Esta extensión equivale aproximadamente a unas 300 mil canchas de fútbol.
30 mil personas, se encuentran hoy desarrollando trabajos relacionados directa o indirectamente a la minería en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
Fuente: El comercio.pe
