La Comisión de Justicia del Parlamento aprobó hoy un dictamen que propone crear el delito de introducción y tenencia de armas, aparatos celulares y herramientas de comunicación dentro de un centro penitenciario.
El presidente de esta comisión legislativa, Alberto Beingolea, explicó que el dictamen busca contribuir a mejorar los niveles de seguridad ciudadana en el país, estableciendo el marco legal para sancionar la introducción de estos objetos y dispositivos de comunicación al interior de las cárceles.
La iniciativa atiende la necesidad de evitar que los prontuariados delincuentes presos en los diversos penales del país reciban artículos de comunicación que les permitan coordinar delitos con sus secuaces que se encuentran en libertad.
Beingolea informó que este dictamen se aprobó junto a la insistencia en la Ley de Amnistía de Armas, según el cual la sola utilización de armas en la comisión de cualquier delito será un agravante, aun cuando no se haya usado.
Esta iniciativa también propone penalizar la omisión de denunciar inmediatamente la pérdida de un arma de fuego.
El presidente de esta comisión defendió el aporte del Parlamento en los esfuerzos por combatir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.
“No es correcto decir que el Congreso no está trabajando en materia de seguridad, estamos trabajando en varias cosas, seguimos avanzando y espero que se conviertan en leyes pronto”, puntualizó en declaraciones a la Agencia Andina.
Por otro lado, Beingolea destacó especialmente la aprobación del dictamen que actualiza el Código Civil vigente desde 1984, tras 17 años de estudios y coordinaciones.
Indicó que el dictamen aprobado en la sesión realizada ayer incluye la modificación de 45 artículos del Código Civil, la derogatoria de 13 de ellos y la incorporación de uno nuevo.
“El Código Civil peruano de 1984 es un buen código que entendemos debe seguir vigente, pero requiere algunas modificaciones porque han pasado ya 27 años”, declaró.
Añadió que se incorpora modificaciones respecto a los temas hereditarios, donde se establece “que en primer orden heredan los hijos y los descendientes”, y también en lo que respecta a las garantías inmobiliarias y los registros públicos, entre otros.
“Es el final de un trabajo iniciado en el año 1994, cuando el Congreso decidió realizar modificaciones al Código Civil. Desde esa fecha se han formado una tras otra comisiones por las que han pasado prestigiosos juristas, estudiando cuales deberían ser estas modificaciones”, dijo.
Beingolea dijo esperar que en la presente legislatura su grupo de trabajo pueda concluir la actualización del Código del Niño y Adolescente, y del Código Penal.
Fuente: Andina
