Devolver favores o cumplir promesas parece ser el hobby de este gobierno y el Congreso que están de salida. Ambos han dado luz verde a 15 nuevas universidades públicas, casi todas aprobadas entre el 2010 y el mes pasado a pedido de congresistas con ánimos de favorecer a la región que representan o por impulso del mismo presidente Alan García.
Ahí tenemos la Universidad Nacional de Huanta, un proyecto dormido desde el 2008 pero luego de que García presentara su propia propuesta, el 10 de enero pasado(para cumplir el ofrecimiento que le hizo a la actriz Magaly Solier), fue promulgada en apenas 18 días.
El acceso a la educación es el objetivo, dicen los padres de estas leyes. Sin mencionar que 13 de estos centros de estudio fueron aprobados sin presupuesto ni instalaciones, restándole infraestructura, recursos y docentes a universidades o institutos ya existentes.
ALGO ANDA MAL
“Tenemos suficientes universidades para atender la demanda educativa. El problema es la falta de calidad, y eso no se soluciona creando más. Esto responde al populismo, a intereses políticos”, asegura el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando Velásquez.
La protesta estudiantil registrada hace unas semanas en Huancavelica se desató, precisamente, tras la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja. Irónico nombre para una institución que tomaría recursos de la Universidad Nacional de Huancavelica, hecho que los alumnos consideraron una intromisión.
En otras provincias se ha dejado sentir la misma incomodidad y en Lima, el martes pasado, alumnos y docentes de la Universidad San Marcos marcharon para que se modifique la Ley 29659, que crea la Universidad Tecnológica de San Juan de Lurigancho en terrenos donde funciona una facultad y el centro preuniversitario.
Los proyectos de ley que dieron pie a este ‘boom’ de universidades fueron revisados por el Ejecutivo, específicamente por la Dirección de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación, a cargo de Manuel Solís. “No son una creación absurda. Responden a las necesidades culturales del país. Solo el 9,5% de la oferta educativa estaba dirigido a ciencias y ingeniería y ahí es a donde apuntan las nuevas universidades. Se están haciendo dentro de los estándares del Coneau”, asegura.
Para Miguel Saravia, directivo del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (Coneau), lo dicho por Solís es novedad, pues su entidad cuestiona la creación de claustros sin presupuesto para investigación o proyección.
La Ley Universitaria señala que un claustro solo puede crearse con estudio de mercado y de factibilidad de por medio. Pero el D.L. 882 publicado en la década del 90 amplió las posibilidades: las privadas podrían ser constituidas a iniciativas de su promotor y las públicas mediante una ley. Sin embargo, la condición de que su creación sea sustentada se mantiene, y quien debe velar por su cumplimiento es el Consejo Nacional para el Funcionamiento de Universidades (Conafu). Esta evalúa a las particulares y hace seguimiento a las públicas.
SIN PERMISO
Si bien la mayoría de los nuevos centros ofrecen carreras de tecnología, ingeniería o agricultura, algunas incluyen facultades saturadas como Derecho. “Las que más se han expandido son las universidades privadas. Algunas no tienen ni alumnos. Pero claro, son a las públicas a las que critican”, insistió Solís.
En efecto, no todas las privadas han destacado por su rigurosidad. Velásquez acusa a Conafu de avalar a centros que no reunían los requisitos, “pero confío que la nueva gestión haga las cosas bien”.
Desde el 2001 el Conafu otorgó permisos a 20 universidades, pero hay otros 72 que hasta la fecha se encuentra con permiso provisional o en fase de evaluación. La mitad de estas solicitudes ingresó en los últimos tres años.
“Hay instituciones que mienten al decir que tienen nuestra autorización y otras han sido ayudadas por dictámenes del Poder Judicial (Universidad Alas Peruanas y Universidad Privada de Trujillo). De las 15 nuevas, ninguna tiene permiso para funcionar por ahora”, dice Martha Tapia, actual presidenta del Conafu.
En el 2010, el Tribunal Constitucional ordenó al Congreso crear una superintendencia que asuma la entrega de autorizaciones a las privadas y supervise la puesta en marcha de las públicas. El Conafu mantiene esta tarea de modo provisionalmente y no hay señales de cuándo se creará dicha entidad.
En tanto, nuestra educación superior seguirá en el limbo.
UNIVERSIDAD DE LOS OLIVOS PASÓ POR TRÁMITE VELOZ
Algunos legisladores se han dado cuenta de lo que han hecho y vienen presentado proyectos para modificar las leyes de creación de ciertas universidades. Por ejemplo, esta semana debatirán la solicitud de la Universidad San Marcos para que no se afecte los bienes que posee en San Juan de Lurigancho.
Sin embargo, hay otros 23 proyectos de ley que buscan crear instituciones con serias debilidades en infraestructura y recursos. Dependerá del nuevo Congreso si los retoman.
La Universidad Municipal de Los Olivos fue una de las beneficiadas. La presidenta del Conafu, Martha Tapia, ha calificado el caso como sui géneris, “porque llegó como universidad privada, pero al ser rechazada fue presentada como pública para que el Congreso lo apruebe en una ley y lo logró. Nosotros la desconocemos”.
El alcalde Felipe Castillo, quien afronta un proceso de vacancia por usar recursos públicos para dicha sede, presentó su iniciativa al presidente del Congreso, César Zumaeta, y logró que en poco más de un mes le den luz verde. Exonerado de pasar por la Comisión de Educación y por segunda votación en la junta de portavoces.
Ni Zumaeta ni la presidenta de dicho grupo, Hilaria Supa, devolvieron nuestras llamadas para declarar en este reportaje.
Fuente: El Comercio
