El congresista de Gana Perú, Jaime Delgado, planteó hoy incorporar en el currículo escolar la educación al consumidor y los derechos de los usuarios, para lograr que ambos conceptos figuren de forma permanente en todos los niveles de la educación básica.
Tras sostener que a lo largo de los años ese ha sido un asunto pendiente en materia educativa, el legislador indicó que se reunió preliminarmente con la titular del Ministerio de Educación, Patricia Salas, para que ambos temas puedan ser abordados en las aulas de clase.
“Le explicamos (a la ministra) la importancia de cumplir el Código de los Consumidores, en lo que corresponde a su sector”, indicó el parlamentario y ex presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).
El legislador precisó que no se trata de incorporar un curso específico sobre los derechos del consumidor, sino de tocar el tema en todas las materias.
Por ejemplo, en matemática, el profesor en vez de preguntar: “Si Pepito tiene tres manzanas y se come una, ¿cuántas le quedan?”, podría plantear que Pepito compra en el mercado un kilo de manzanas, pero al llegar a casa nota que la fruta pesa 800 gramos, ¿cuánto le falta, qué debería hacer la mamá y dónde puede presentar su reclamo?
“Aquí hay una estrategia que busca enseñarles los derechos que tienen como consumidores; eso los enriquece y se debe hacer en todos los cursos y niveles educativos”, comentó al Diario Oficial El Peruano.
Sostuvo, asimismo, que en su momento se invitará a la ministra para que exponga los planes, las metas, los indicadores y las estrategias que empleará, a fin de hacer cumplir la norma referida a la educación del consumidor.
En ese sentido aseveró que ahora la educación del consumidor es una política de Estado plasmada en el Código de Protección al Consumidor.
Si bien el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tiene entre sus funciones la tarea de informar para que el consumidor tome mejores decisiones, a los gobiernos locales también les compete esa labor.
Como autoridad local, a cada alcalde le corresponde implementar mecanismos de arbitraje de consumo, montar sistemas de solución de conflictos y hacer vigilancia de las normas, como el control de calidad de los alimentos y de peso en los centros de abastos.
“Las labores de orientación y comunicación al consumidor las pueden hacer perfectamente en su jurisdicción, para que tengan vecinos informados”, expresó.
La tarea de la comisión respectiva del Congreso es convertir la defensa del consumidor en un sistema de promoción, prevención y ordenamiento.
Fuente: ANDINA
