“¿Por qué no se avanzó en mejorar la calidad educativa?”, le preguntó este Diario a Alejandro Toledo poco antes de dejar la presidencia en el 2006. “Estoy de acuerdo, pero tampoco soy responsable de todo. Si mañana llueve en Arequipa, ¿acaso soy el responsable?”, contestó. “¿Reconocería que no se avanzó?”, insistió el redactor. “Se hizo el esfuerzo, pero no se refleja. Yo termino en cuatro meses, pero en los cinco años siguientes, si pudiera, ¡le metería fierro a fondo al tema!”.
La responsabilidad recayó por segunda vez en Alan García, quien puso en primera línea como ministro de Educación a José Antonio Chang, su amigo cercano y rector de la Universidad de San Martín de Porres. La tarea no sería fácil.
Los alumnos peruanos se habían ubicado en el último lugar en lectura, matemática y ciencias entre los 41 países evaluados en el 2000 por la prueba internacional PISA. Tres años después, en la medición de rendimiento escolar comparado de la región, quedamos últimos en matemática y penúltimos en lenguaje.
Según cifras del propio ministerio, desde fines de los noventa, más del 90% de estudiantes de segundo y sexto grado de primaria no exhibían capacidades matemáticas elementales. El 85% de los de segundo grado y el 86% de los de sexto no comprendían lo que leían. Además, el 73% de la población, cuyo idioma materno no es el español, no participaba en programas bilingües y tampoco estaba insertado en el sistema educativo nacional.
GOBIERNO VS. SUTEP
Antes de pensar en infraestructura, el Gobierno apuntó a los maestros. De acuerdo con cifras oficiales, al año egresaban 30 mil estudiantes de los institutos superiores pedagógicos y universidades de todo el país, cuando solo había 3.300 plazas disponibles para docentes. A esta sobreoferta había que agregarle que casi un tercio de ellos enseñaba para aquello que no se preparó.
Someter al magisterio a un proceso de evaluación para luego organizar un plan de capacitación resultaba necesario. Sin embargo, apareció el Sutep, dominado por los intereses de Patria Roja y se opuso de manera intransigente. Pese a las marchas encabezadas por su secretaria general, Caridad Montes, el Gobierno mantuvo firme su decisión de impulsar la carrera pública magisterial y reducir el poder del gremio. El tiro de gracia llegó en enero del 2007, cuando un astuto decreto supremo puso fin a las licencias sindicales de 313 dirigentes que recibían desde hace 20 años un sueldo del Estado sin ejercer la docencia.
Al final, un 80% de maestros convocados asistió a la prueba, pero los resultados fueron crudos: la mitad no pudo realizar cálculos aritméticos simples. Las protestas continuaron e incluso durante una visita a la ciudad puneña de Ayaviri, en junio del 2007, un grupo de enfurecidos profesores lanzó tomates, naranjas podridas y huevos a García. “¡Se acabó la mamadera! Es hora de estudiar y de enseñar, no permitiré que un grupo de ociosos que no quieren ser evaluados brinde a nuestros hijos una educación de pésima calidad”, respondió el mandatario con el dedo pulgar señalando hacia abajo.
Un mes después, mientras el Sutep empezaba a dividirse, el Congreso promulgó la ley de la carrera pública magisterial. Por otro lado, los que acudieron a la evaluación accedieron al Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente (Pronafcap), que se realiza en universidades de todo el país.
Vale agregar que en este esfuerzo por actualizar al profesorado también ha participado la asociación Empresarios por la Educación, de la cual forma parte El Comercio y otras 51 compañías, que en los últimos tres años ha capacitado a 46 mil docentes en 4.600 escuelas en 14 provincias del Perú.
MUCHO POR TRABAJAR
Si bien durante los últimos años los promedios presentados por el Ministerio de Educación muestran resultados optimistas, aún no hay razones para celebrar. En la última prueba PISA del 2010 el Perú mejoró su puntaje (puesto 62 entre 65 países), pero sigue ubicado entre los coleros.
Las brechas de calidad y oportunidad se han acentuado. Vivir en una zona rural, hablar una lengua distinta al castellano y ser pobre, te condena. Por ejemplo, el censo escolar del 2009 demostró que la proporción de estudiantes que logró aprendizajes esperados en el área de comunicación fue casi tres veces mayor en el área urbana que rural. Asimismo, el 17% de alumnos de colegios del Estado comprende lo que le corresponde a su grado, mientras que en los colegios particulares la cifra aumenta a 43%.
“Perú es el país que tiene la mayor brecha entre áreas urbanas y rurales en términos de rendimiento en América Latina”, señala el informe de progreso educativo Grade 2010, que trae consigo otras cifras de alerta.
Según el documento, si bien hay mejoras en la cobertura educativa, 772.500 niños y jóvenes permanecen fuera de las aulas. La tasa de repitencia en primaria se ha reducido dos puntos entre 1998 y el 2007 (7,8%), pero en secundaria casi no ha variado: se mantiene en 5%.
Pero las brechas también son salariales. La diferencia de ingresos entre docentes y otros trabajadores del sector público en el 2008 fue de S/.178. Al no tener suficiente dinero, uno de cada tres maestros tiene trabajos secundarios, que influyen negativamente en su desempeño en las aulas.
Los bajos salarios también traen consigo corrupción. Solo en el 2007 la Defensoría del Pueblo y Proética registraron 1.071 quejas fundadas. Los casos más frecuentes fueron por cobros indebidos y la mitad de ellos ocurrieron en colegios particulares.
