Cuando un delincuente extorsiona a su víctima desde alguna prisión del país, usualmente le cobra cupos mensuales (para no hacerle daño) que, pide, sean depositados a una cuenta. Además le exige que cargue con saldo su teléfono. Lo curioso es que para llevar a cabo estas fechorías, utilizan cuentas bancarias de terceras personas, que luego son rastreadas por la Policía.
«Para usar estas cuentas ellos le pagan a un titular entre 50 y 100 soles. Esta persona puede ser un familiar directo, político o cualquier necesitado de dinero», declara una fuente de la Divinsec.
A diferencia de Perú, en países como El Salvador, México y Colombia existe una ley para el bloqueo total o temporal de celulares usados para extorsionar. Esto, tal vez, podría disminuir la incidencia de este delito. Otra medida es una reforma a la Ley de Telecomunicaciones para facultar a los operadores a entregar información requerida por la Fiscalía, como registro de líneas telefónicas investigadas, registros de llamadas, así como datos sobre el origen de cualquier tipo de comunicación electrónica.
Para Wilfredo Pedraza, ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ya existe una ley que obliga a los usuarios a registrar sus teléfonos para evitar que estos sean usados por delincuentes. «Sin duda, funcionaría como un mecanismo de reducción, porque un teléfono en un penal es exactamente igual de peligroso que un arma», sostiene.
Fuente: La República
