Alrededor de 60 editoriales en todo el país son investigadas por el Indecopi por presunta infracción al derecho del consumidor debido a presuntos cobros indebidos en los textos escolares que ellos producen y venden a los padres de familia, previo acuerdo con colegios privados y algunos públicos.
Así lo dio a conocer ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso el secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, Edwin Aldana, quien señaló que esta investigación de oficio comprende visitas de inspección a las editoriales, solicitud sobre listas de precios de los libros que producen, el detalle de la política de ventas, así como información contable y la relación de los trabajadores de las editoriales.
Asimismo, se pidió a las editoriales información sobre los criterios pedagógicos para la elaboración de los textos, y se requirió a la Cámara Peruana del Libro la relación de las editoriales asociadas que elaboran libros escolares, entre otras acciones.
A las cuatro editoriales que aparecieron en el reportaje televisivo que denuncia estos hechos, el Indecopi les exigió la identificación de las personas que aparecen ofreciendo coimas por la exclusividad en la venta de libros a los padres de familia.
El funcionario aclaró que el ámbito de esta investigación se enmarca en el terreno administrativo y no en el penal, dado que los posibles delitos que pudieran detectarse serán denunciados por el Ministerio de Educación.
En el ámbito del Indecopi, precisó, se determinará también cuáles son los centros educativos que se involucraron con las editoriales y si como parte de un presunto acuerdo comercial los colegios indujeron a los padres de familia a comprar los textos en un determinado establecimiento.
Recordó que el artículo 56 literal “F” del Código de Consumo prohíbe expresamente las prácticas abusivas por parte de los prestadores de bienes y servicios.
Aldana refirió que desde que el Indecopi publicó la lista de precios de los libros de las editoriales escolares, más de 16,000 consumidores accedieron al portal institucional y sólo en las últimas 48 horas recibieron más de 1,500 llamadas de personas interesadas en saber más de la labor emprendida por el Indecopi en este caso.
Denuncia penal contra editoriales
En la sesión de la comisión parlamentaria participaron también los viceministros de Gestión Pedagógica, Idel Vexler; e Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, quienes revelaron que frente a estos hechos la Procuraduría del Ministerio de Educación denunció penalmente ante la Sexta Fiscalía de Prevención del Delito a las editoriales Corefo, Hilder, Santillana y San Marcos.
La denuncia es por los presuntos delitos de estafa y contra el orden económico, contemplados en los artículos 196 y 234 del Código Penal, remarcaron.
En otro momento, Vexler recordó que el Decreto Supremo Nº 011-98-ED señala respecto de las faltas y sanciones para las instituciones privadas que contravengan las prohibiciones, obligaciones y demás disposiciones del sector Educación, que se aplicarán multas no menores de 10 UIT (S/. 36,000) ni mayores de 50 UIT (S/. 180 mil) en caso de que la falta sea grave.
Si la falta es muy grave, la multa no será menor de 50 UIT (S/. 180 mil) ni mayor de 100 UIT (S/. 3 millones 600 mil), así como la suspensión o clausura definitiva del centro educativo.
Proyecto de ley
Por su parte, el presidente de la comisión de Defensa del Consumidor, José Luna Gálvez, dio a conocer que presentó un proyecto de ley que protege a los consumidores del direccionamiento en la compra de textos escolares.
Explicó que en dicha propuesta normativa se establece un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de los textos escolares para que cumplan con los lineamientos generales del proceso educativo y los currículos básicos, comunes a todo el país, adaptados de acuerdo con las particularidades de cada región.
Asimismo, crea el Observatorio de Precios de los Textos Escolares, se encuentren o no acreditados, a cargo del Ministerio de Educación, con la finalidad de publicar en su portal el precio de los textos escolares y las variaciones del mismo.
Indica que el Indecopi mantiene vínculos con el observatorio de precios para facilitar la información a los consumidores.
Las sanciones para las instituciones educativas públicas y privadas que infrinjan esta norma estarán de acuerdo con el artículo 110º y las normas correspondientes del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Vía: Andina
