La Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) anunció que a partir del 1 de enero del 2016 no reconocerá validez a las firmas de estas autoridades universitarias en los documentos que emitan, tal como los títulos profesionales.
El procurador agregó que los rectores además serán denunciados penalmente por usurpación de funciones, omisión a la autoridad y otros. Estos delitos son flagrantes y tienen penas de entre 3 y 7 años de cárcel.
Antecedentes
Rodríguez recordó que la nueva Ley Universitaria entró en vigencia el 10 de julio del 2014, y se estableció el cese de la Asamblea Universitaria, conformada por las autoridades universitarias como el rector, vicerrectores y decanos.
Asimismo, a los 10 días siguientes se debía conformar el Comité Electoral Universitario Autónomo, para que estos nombren a los miembros de la Asamblea Estatutaria encargada de elaborar los estatutos y fijar el cronograma de elecciones.
Todo el proceso debió culminarse en octubre del 2014, explicó. Sin embargo, la Sunedu en uso de sus atribuciones, estableció -vía una norma reglamentaria de obligatorio cumplimiento- un plazo máximo para todas las universidades públicas que vence el 31 de diciembre del 2015.
EN CORTO
San Marcos. Voceros de esta casa de estudios indicaron que no incumplen la ley, pues hace un mes publicaron el cronograma de elecciones que se inicia en marzo. Precisaron que el reglamento publicado por la Sunedu es una norma ilegal al fijar un plazo máximo.
Fuente: Andina