En el congreso. Comisión de Educación aprobó por mayoría cambios en la ley de institutos. Profesores que desaprueben evaluación de desempeño ya no saldrán de la carrera pública, sino serán impedidos de ascender y ocupar cargos directivos.
Así como los docentes de colegios deben someterse a evaluaciones de desempeño para permanecer en sus cargos, los que trabajan en institutos y escuelas de educación superior públicos también tienen que pasar por un proceso similar, en el que si desaprueban dos veces serán retirados de la carrera pública.
Esto lo establece la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes (N° 30512), aprobada en noviembre del 2016 y que casi tres años después aparecen intentos por modificarla desde el Congreso.
Uno de los puntos aprobados el último lunes por la Comisión de Educación del Congreso señala que la mencionada evaluación ya no sea de permanencia, sino de desempeño. Eso quiere decir que quienes desaprueben este proceso ya no serán retirados de la carrera pública –como lo plantea la ley vigente–, sino que serán impedidos de participar de las evaluaciones de ascenso de categoría o para la designación de cargos.
Según la actual norma, la evaluación de permanencia –la primera de su tipo– es obligatoria y se realiza cada tres años. Inicialmente, los maestros se someterán a un primer examen y si lo desaprueban podrán pasar por una evaluación extraordinaria, la cual deberá aplicarse en los siguientes doce meses. Si los resultados de esta última también resultan desfavorables, se emitirá una resolución que dé por terminada su carrera.
Este proceso incluye un programa de fortalecimiento de capacidades previo al examen.
En tanto, el proyecto de ley aprobado por mayoría y que plantea modificar más de diez artículos y tres disposiciones complementarias de la ley, refiere que esta evaluación sea una condición para la promoción y la mejora continua del profesional, pero no establece su retiro.
Esto se complementa con otro cambio referido al término de la carrera pública del docente. Según la propuesta del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén (PL 3386/2018), la desaprobación de la evaluación ya no será un motivo para la salida del docente, sino lo será el «no presentarse a las evaluaciones sin causa justificada».
Para el Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú (Sidesp), esta propuesta garantizará su estabilidad laboral y permitirá una adecuada capacitación. «No nos corremos de la evaluación, pero queremos que sea para una mejora continua. Ya se ha demostrado que la evaluación punitiva no da resultados, y lo que sí nos da es el fortalecimiento de capacidades para ejercer la docencia (…). Si no se sacaría a un grueso de docentes por una evaluación en la que ni siquiera se sabe qué viene. Se empezaría de cero», indica el secretario general del Sidesp, Luis Díaz, quien destaca que los maestros han ingresado a través de concursos públicos.
Sin embargo, para el presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), César Guadalupe, este planteamiento es similar al de docentes como Pedro Castillo, que se opusieron a la evaluación de desempeño en los colegios. «Si una persona no rinde, no puede permanecer en el aula, debe salir de la carrera».
Para la presidenta de la comisión de Educación, Milagros Salazar, lo importante no es despedir, sino «identificar la debilidad» de los maestros y capacitarlos. Esta evaluación estaba programada para este año y participarían 5 mil docentes. Ahora todo está en manos del Pleno.
Cambios en remuneraciones y en las áreas de desempeño
Luis Díaz, secretario general del Sidesp, precisó que con este proyecto de ley los aumentos que haya en educación básica también beneficiarán a la educación superior. Eso debido a que su Remuneración Íntegra Mensual (RIM) será equivalente al 120% del de la educación básica.
El proyecto aprobado, que incluye propuestas de Javier Velásquez Quesquén, Edgar Ochoa (Nuevo Perú) y Miguel Guía (Peruanos Por el Cambio), añade dos áreas de desempeño en institutos: una de innovación e investigación, y otra de gestión institucional. «Se podrá aplicar el 10% del canon para la mejora en la infraestructura de los institutos».
Según el Congreso, el proyecto beneficiará a 500 mil alumnos y profesores.
Fuente:larepublica
