Ambos tramos ferroviarios se desarrollarán bajo el sistema de Iniciativa privada cofinanciada.
Serán trenes de pasajeros y de mercancías que viajarán a una velocidad máxima de 200 km/h y que favorecerán la integración entre regiones.
En las próximas semanas se abrirá una ventana para la presentación de iniciativas privadas cofinanciadas (IPC) para los proyectos de los ferrocarriles Lima – Ica y Trujillo – Chiclayo, tal como lo anunció el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. Las ejecuciones de ambos proyectos sumarán 552.3 km de nueva infraestructura ferroviaria al país.La ruta que unirá las regiones de Lima e Ica representará una inversión de S/ 10,520 millones y la que enlazará La Libertad y Lambayeque, S/ 7,420 millones. Los dos proyectos consideran la implementación y puesta en operación de un ferrocarril de tracción eléctrica y de tráfico de pasajeros y de mercancías, que viajará a una velocidad máxima de 200 km/h para el transporte de pasajeros, y de 120 km/h para el transporte de mercancías.
El ferrocarril Lima – Ica cubrirá el recorrido Callao – Lima – Lurín – Chilca – Asia – Cañete – Chincha – Pisco – Ica (323.7 km). El ferrocarril Trujillo – Chiclayo tendrá la ruta Puerto de Salaverry – Trujillo – Chicama – Chocope – Paiján – San Pedro de Lloc – Pacasmayo, Guadalupe – Chepén – Motupe – Eten – Chiclayo.
El ferrocarril Lima – Ica se conectará con la red del Metro de Lima y Callao, y con el Ferrocarril del Centro. Además, llegará al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y al aeropuerto de Pisco Cap. FAP Renán Elías Olivera, a los puertos del Callao y Pisco, y a principales centros de abastos.
Por su parte, el ferrocarril Trujillo – Chiclayo se conectará con las redes integradas de transporte urbano de las ciudades principales e intermedias de su ruta, con los aeropuertos regionales y con los puertos de Salaverry y Eten.
El Perú posee actualmente 1,939.7 km de infraestructura ferroviaria, divididos en ocho líneas férreas, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario aprobado en el 2016. El 88% de los ferrocarriles son de administración pública y el 12% es de gestión privada.
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