El último informe elaborado por la comisión que investigó las irregularidades en el segundo gobierno de Alan García salió ayer a la luz poniendo sobre el tapete la presunta responsabilidad por infracción constitucional e ilícitos penales del exmandatario aprista en el otorgamiento de indultos y conmutaciones de pena a procesados y sentenciados por delito de narcotráfico.
El documento, difundido por América Noticias, recomienda al Pleno del Legislativo acusar constitucionalmente al expresidente por infringir hasta seis artículos de la Carta Magna en el marco de un proceso de “concesión masiva de gracias presidenciales” que –dice– vulneró el precepto constitucional de que el “Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas”.
Además, establece que “existen indicios razonables” de que García habría cometido el delito de encubrimiento personal en favor del exjefe del Seguro Integral de Salud (SIS), Julio Espinoza Jiménez, a quien se indultó alegando razones humanitarias, sustrayéndolo de un proceso penal por la sobrevaloración de raciones alimenticias para los damnificados del terremoto del 15 de agosto de 2007. Actualmente, sin embargo, Espinoza “desarrolla una vida normal”, precisa el informe.
RED DE CORRUPCIÓN
En sus conclusiones, el grupo de trabajo, presidido por el oficialista Sergio Tejada, determina que el otorgamiento de beneficios penitenciarios durante el régimen aprista –que sumaron un total de 5,246 conmutaciones de pena y 232 indultos en cinco años– “no pudo ser ejecutado por una o dos personas sino por una red” y, en ese contexto, da por hecho que “se constituyó una presunta asociación ilícita” posterior a la salida de la ministra María Zavala, y que habría operado hasta el período de Aurelio Pastor, en cuya gestión estalló el escándalo del indulto a José Enrique Crousillat.
Por esa razón, la comisión sugiere denunciar a los extitulares Aurelio Pastor, Rosario Fernández, y a quienes resulten responsables –entre ellos Miguel Facundo Chinguel– “por los actos delictivos o violatorios a la Constitución en que habría incurrido Alan García”. En el caso de Pastor, además, se recomienda denunciarlo por cohecho pasivo impropio, al igual que a su exasesor José Marrufo, por un supuesto favorecimiento en el trámite de conmutación de pena a un ciudadano eslovaco a cambio de US$15,000.
El voluminoso trabajo de la ‘megacomisión’ abunda en el registro de irregularidades en la concesión de gracias presidenciales, y aunque reconoce que ese es un acto discrecional del jefe de Estado, subraya también que no es una “facultad ilimitada”. En mérito a sus indagaciones, reseña que para el tema de las conmutaciones de pena se habría instaurado un “sistema judicial paralelo” que desconoció la labor realizada por la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la lucha contra el tráfico de drogas.
SABÍA QUE
– El Congreso debatiría el informe de la ‘megacomisión’ a partir de marzo.
– En caso de ser aprobado, el documento pasará a la Fiscalía de la Nación. A Alan García, sin embargo, le corresponde el antejuicio por lo que su caso deberá pasar por el tamiz parlamentario.
– Según la Constitución, el exmandatario podría ser inhabilitado para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años.
Fuente: Perú 21.pe
