Una de las primeras e importantes conclusiones de la Conferencia Internacional Anticorrupción que se realiza en Lima es que la corrupción compromete seriamente la gobernabilidad democrática. De allí la urgencia de implementar una política de Estado, que involucre a todos los poderes públicos al más alto nivel, así como a los partidos políticos, en esta lucha que debe ser una campaña nacional permanente.
Es hora de tomar conciencia de los graves perjuicios de esta lacra en todo sentido, no solo económicos sino también políticos y morales. Como bien lo ha dicho el contralor general de la República, Fuad Khoury, “si se redujera a la mitad la corrupción, tendríamos quizás 4 mil millones de soles más de presupuesto que podrían ser destinados a educación, salud y programas sociales”.
Desde ya, es auspicioso el compromiso del presidente del Poder Judicial, César San Martín, quien ha hecho un llamado a trabajar en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo la eficiencia de los organismos reguladores para vencer a este flagelo. Este poder del Estado tiene una enorme responsabilidad, por lo que debe usar su iniciativa legislativa para proponer los cambios normativos necesarios y seguir dando muestras de su voluntad de castigar y expulsar de la judicatura a aquellos magistrados que cometan actos corruptos.
En el Poder Ejecutivo, no bastan las leyes contra la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que aún deben ser sometidas a una evaluación técnica y objetiva. Con la misma energía debe instruirse a todos los organismos públicos a implementar sus portales de transparencia, unificar los sistemas de compras y exigir las licitaciones públicas .
La prensa independiente tiene también un papel preponderante, como garantía del sistema democrático y de la buena gestión de la cosa pública, a través de la información libre y la fiscalización. Estemos alertas: Si no se elimina la corrupción, peligran el desarrollo económico, la restauración moral y la misma gobernabilidad democrática.
