La superintendencia, planteada en el proyecto de la nueva ley universitaria que se discute en la Comisión de Educación, es vista como una amenaza a la autonomía del actual sistema universitario, llegando a ser considerada como inconstitucional.
Ante este escenario, el presidente de este grupo de trabajo, Daniel Mora, admitió que lo más probable es que se modifique esta parte del texto para evitar mal entendidos y buscar el consenso de la mayoría de congresistas, quienes, en las últimas semanas, han presentado serias dudas al proyecto.
¿QUÉ ES LA SUPERINTENDENCIA?
El 11 de junio, en la anterior legislatura, se aprobó el segundo capítulo de este predictamen, en el que el punto más importante, y el más cuestionado de todo el proyecto, es la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria que, en la práctica, reemplaza de sus funciones a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
Esta superintendencia tendrá a su consejo directivo conformado por un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ceplan, un representante del Concytec, dos representantes de las universidades públicas, dos representantes de las universidades privadas, un miembro de los colegios profesionales y un representante del sector empresarial. Entre estas nueve personas, se elegirá al presidente de la superintendencia.
La nueva institución se encargará de la supervisión de la calidad de educación, además de fiscalizar el uso de los recursos de las universidades. También podrá autorizar el funcionamiento de universidades públicas y privadas. Asimismo, podrá decidir la cancelación de la acreditación de una universidad, en resumen, tiene la facultad de cerrar una casa de estudios, alguna de sus facultades o escuelas profesionales.
Los cuestionamientos a esta superintendencia es que, tal como señala el texto original, estará adscrito al Ministerio de Educación.
Las críticas vienen porque el artículo 155 de la Constitución Política señala que las universidades nacionales y particulares eligen a dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Además, las universidades, representadas por la ANR, eligen a dos integrantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tal como lo indica el artículo 179.
CAMBIO DE ESTRATEGIA
Ante las fuertes críticas y al tener solo el apoyo de los congresistas de Gana Perú, el titular de la Comisión de Educación, Daniel Mora, planea realizar algunos ajustes a este segundo capítulo, a fin de tener el consenso de los integrantes de su comisión.
En declaraciones a LaRepublica.pe, Mora Zevallos explicó que lo más probable es que esta superintendencia ya no esté adscrita al Ministerio de Educación, para que el sistema universitario no sea visto como una herramienta utilizada por el gobierno de turno.
“Para evitar suspicacias, estamos pensando que esta superintendencia esté dentro del sistema universitario. Seguirá con la misma composición pero se le quitaría lo adscrita al Ministerio de Educación”, precisó Mora.
“ES EL PENSAMIENTO DE UN MILITAR”
Sin embargo, esta intención de retirarle la adscripción es insuficiente para el presidente de la ANR, Orlando Velásquez, quien consideró que, de todos modos, esta superintendencia violará la autonomía universitaria.
Aseguró que con esta nueva institución el escenario universitario será similar al del recordado Conup, creado durante el gobierno del expresidente Juan Velasco, y en donde el sistema estudiantil estuvo sometido al poder.
“Esto es una actitud cómoda, es el pensamiento de un militar que se ve acorralado con una situación imposible de sostener. Cree que la autonomía solo se viola porque esa superintendencia se adscribe al Ministerio de Educación”, comentó a LaRepublica.pe.
Velásquez Benites argumentó que ya existe la Asamblea Nacional de Rectores y se hace innecesario crear una institución que pueda ser utilizada como una herramienta política, llegando a violar el régimen y gobierno universitario. Además, garantizó que la ANR está cumpliendo su función de eje de desarrollo.
Fuente: La República.pe
