La comisión investigadora de la fallida reconstrucción del sur aprobó ayer solicitar el levantamiento de los secretos bancarios y tributarios de las autoridades a cargo de la reconstrucción del sur para determinar responsabilidades, el cual se desarrollará de forma gradual hasta llegar al ex presidente Alan García y sus exministros.
La presidenta de este grupo de trabajo, Ana Jara, quien planteó esta propuesta ante los miembros de esta comisión, informó que en la sesión el resto de integrantes propuso solicitar el levantamiento del secreto bancario de forma gradual a modo de acopiar información, el mismo que alcanzará a las familiares de hasta cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad de los investigados.
Precisó que se acordó empezar con las autoridades locales que directamente administraron este presupuesto, tales como los alcaldes distritales y provinciales de Ica (Pisco, Chincha e Ica), Lima provincias (Cañete) y Huancavelica (Huaytará); así como sus presidentes regionales desde el 2007 hasta el 2010.
“Vamos a recibir en breve información de la Oficialía Mayor sobre el acervo documentario de la anterior comisión investigadora de la reconstrucción, de sus conclusiones y veremos de acuerdo al avance de la investigación el levantamiento del secreto bancario a los demás funcionarios del Poder Ejecutivo”, acotó.
Reiteró que urge conocerse qué sucedió con los denominados bonos 6000 y las donaciones nacionales y extranjeras destinadas a los afectados que dejó el sismo que azotó la región Ica y el sur chico de la región lima provincias, el 15 de agosto del 2007.
Del mismo modo, se aprobó incluir en las investigaciones a los funcionarios del Cofopri debido a los actos de corrupción registrados durante la reconstrucción.
Jara adelantó que este grupo de trabajo, además, invitará al contralor general de la República, Fuad Khoury para que brinde un alcance de lo que la Contraloría encontró durante la etapa de investigación ordinaria y extraordinaria que realizó para los efectos de la reconstrucción de la labor de investigación que realizó la Contraloría sobre el tema.
También se solicitará información a todos los sectores públicos involucrados en el tema.
Sostuvo que el plan de trabajo aprobado ayer si bien es un punto de partida podría sufrir algunas modificaciones que son necesarias a la medida de cómo se van presentando el curso de las investigaciones.
Dijo que el hecho que se solicite el levantamiento del secreto bancario no necesariamente implica una responsabilidad de carácter penal, sino que debe ser parte de un ejercicio democrático que involucre a autoridades que administraron recursos públicos y que “lamentablemente” en zonas afectadas por un terremoto donde no se ha visto avances significativos.
“Ellos deben esclarecer sus cuentas y ello no implica que le estemos señalando responsabilidad lo que corresponde a las autoridades judiciales”, apuntó.
Fuente: diario La Primera.com
