Alan García logró durante su segundo gobierno que las mineras se comprometan a un óbolo minero de 500 millones de soles, y la actual administración de Ollanta Humala anuncia ahora un acuerdo de gravamen por un monto de 3 mil millones de soles. ¿Qué pasó?, en busca de responder esto, escribe Javier Diez Canseco.
¿Lobos o corderos?, por Javier Diez Canseco
Lo imposible se hizo realidad. Los mineros –articulados en la Sociedad Nacional de Minería– abrieron la billetera para el crecimiento con inclusión. Sacaron 3,000 millones de soles anuales, si los precios de los minerales se mantienen, como aporte adicional y fresco al presupuesto nacional, bajo el nombre de gravamen.
¿Por qué? Pues por el triunfo electoral de Ollanta Humala y Gana Perú, con un claro mensaje, expresando una coalición en la que destacan elementos políticos y sociales claramente comprometidos con el cambio. Y es que, más allá de los personajes que hoy representan los puntos de vista e intereses del gran capital en el BCR, el MEF u otro ministerio, hay un gobierno amplio pero que no es un Estado privatizado, servil a los más poderosos. Además, resulta evidente el peso de un movimiento social con alta expectativa y vigilante al cumplimiento de los compromisos asumidos:
Lo que García prometió e incumplió, el fantasmal impuesto a las sobreganancias mineras, se hizo realidad. ¿Espontánea inspiración de los poderosos? No: cambio político y social en el proceso electoral reciente y una fuerte presión de una vasta opinión pública que dio fuerza a la voluntad política del gobierno de comenzar a cumplir con lo ofrecido.
Cierto, varios pensamos que la cantidad debe ser mayor, pasando de los actuales 3,000 millones de soles a más de S/.6,000 millones dadas las gigantes utilidades que han acumulado. Creemos que debe ser un porcentaje de las ventas mineras y no de sus utilidades, siempre maquilladas. ¿No sabemos que Antamina ha tenido ventas por unos 3,000 millones de dólares con costos operativos de apenas $600 millones y utilidades brutas de más de 2,400 millones de dólares el 2010? Pero, es un avance. Como lo deberá ser el cobro de las regalías mineras que no han pagado las empresas que tenían contratos de estabilidad tributaria a pesar de que el TC dispuso que debieran pagarlas. Son muchos millones que podrían servir a la educación, salud, infraestructura o el apoyo al agro y las PYMES del país. Y claro, sigue pendiente el tema de services y contratas abusivas.
Lo que García no cumplió en 5 años se hizo realidad en un mes. Este no es el gobierno del Perro del Hortelano y de los petroaudios. Por eso también se aprobó la Ley de la Consulta Previa a las comunidades indígenas amazónicas y andinas, retenida y dilatada años por un engorroso debate, a pesar de la concertación con las organizaciones representativas de los pueblos originarios. ¡Con voto unánime!, sumando al fujimorismo, el APRA y la derecha más cavernaria que lo habían impedido. Claro que los Mulder y Eguren argumentaron contra la necesidad de la ley su papel de espantapájaros de los inversionistas o de promotora y azuzadora de conflictos más que de canal de solución y respeto a los pueblos. Pero al votar, lo hicieron a favor.
Sin embargo, no todo el gran capital juega con la misma estrategia. El mensaje del gabinete Lerner dejó claro que el Consorcio de Camisea no quería retornar a la norma que reservaba todo el gas del lote 88 para consumo nacional y no para exportación. Y que tampoco abrían las puertas a bajar el precio de un gas caro que nos venden a precio de gas importado aunque sea nacional. En verdad, más allá de la decisión gubernamental y de sus importantes compromisos de llevar adelante el gasoducto del sur, decuplicar el abastecimiento domiciliario y fortalecer las empresas públicas de energía, el Consorcio de Camisea sigue terco. Nos muestra que no todos los lobos juegan a corderos ahora.
Muestra los colmillos, pero, no lo dudo, encontrará respuesta no solo en el gobierno, sino en la gente de a pie que ya sabe que su fuerza social y política no solo es real y puede obtener cambios, sino que está harta de ser ninguneada por quienes obtuvieron privilegios indebidos gracias a sus padrinos en el Estado. Y es que muchos esperan el fin del Estado privatizado y están dispuestos a hacer respetar sus derechos y su soberanía. El Consorcio de Camisea haría bien en entenderlo de una buena vez, pues pronto podrían estar viendo a varios de sus padrinos en el banquillo de acusados, como parece anunciarlo el caso BTR.
