El pago de impuestos es el motivo de una disputa entre el Poder Ejecutivo y las entidades privadas del sector educación. Ayer la viceministra de Economía, Laura Calderón, pidió a la Comisión de Economía del Congreso la eliminación de la Ley 29766 –aprobada en julio último por el anterior gobierno–, que permitió que esas empresas se allanaran al régimen tributario vigente para ellas hasta 1999.
Tal situación excepcional implicaba que tanto universidades como institutos y colegios privados tengan exoneraciones al Impuesto a la Renta (30% de sus utilidades antes de tributos) hasta el 31 de diciembre del 2008, con el compromiso de reinvertir esos fondos en infraestructura, equipamiento y becas.
Cabe indicar que del 2009 en adelante estas entidades ya no tendrán tales exoneraciones.
“El Poder Ejecutivo considera que como la Ley 29766 es inconstitucional porque aplica esa exoneración en forma retroactiva. Hemos calculado que el sector debe S/.150 millones al fisco, originados en acotaciones a declaraciones juradas y multas aplicables entre 1999 y el 2008”, explica Calderón.
ENTIDADES
La viceministra indicó que el 90% de esta deuda está concentrado en cuatro entidades del sector. Pese a insistir en la identificación de esas instituciones a la Sunat, el ente recaudador se reservó la respuesta debido a que tal información está protegida por motivos de reserva tributaria.
Consultada por los congresistas miembros de la Comisión de Economía respecto a por qué se dejó acumular tal deuda, la viceministra afirmó que el Gobierno no dejó de exigir el pago.
“La Sunat sí ha actuado. No es que el Estado no hizo nada y que el contribuyente no supo [que había una acotación]”, dijo.
IMPACTO
En tanto, las afirmaciones son rechazadas por las empresas privadas.
“Cuatro gobiernos dieron por sentada que teníamos esta exoneración. Las anteriores administraciones de la Sunat mantuvieron la misma opinión y no puede ser que ahora nos quieran cobrar impuestos después de haber dado señales claras de que el Estado admitía la validez de ese régimen tributario”, explica Luis Bustamante, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), que concentra a 215 empresas.
La consecuencia de esta revisión impactaría en las pensiones. “Subirían las pensiones cobradas por estas entidades. Si no, ¿cómo hacer para que las instituciones paguen cantidades que considerábamos que no existían. Es mucho dinero reinvertido en ese período”.
Sin embargo, para la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), el público no ha sido beneficiado en este tema.
“La renuncia de ingresos del Estado a favor de las empresas privadas de la educación nunca se tradujo en pensiones menores. Por el contrario, hemos detectado prácticas para cobrar más”, explica Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec.
Fuente: El Comercio.pe
