Aunque la Ley del Fonavi, aprobada tras el referéndum del 2010, fue una forma de obligar al Estado a salirse del «perro muerto», los mecanismos y ajustes presupuestarios dispuestos por el Gobierno terminarían por reducir drásticamente el monto que los aportantes esperan recibir en efectivo.
Según se plantea en el proyecto de ley de equilibrio financiero del presupuesto público para el 2014, más de S/.5000 millones que se invertirán en una serie de programas de vivienda y saneamiento pasarían a cubrir parte de la deuda que, según aproximaciones, ascendería a S/.7500 millones.
Así, el Estado se ahorraría las dos terceras partes de la deuda ya que con esta estrategia, finalmente el monto en efectivo que se le otorgue a los fonavistas será írrito si empezamos a deducir los gastos de los programas.
HECHA LA LEY… El proyecto, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisa en sus disposiciones complementarias finales que la ejecución de programas como el mejoramiento integral de barrios, los programas nacionales de saneamiento urbano y saneamiento rural, se orientan «al cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi)».
En ese sentido, en la cuarta disposición del Ejecutivo, se señala puntualmente que estos créditos presupuestarios «han sido consignados en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, que asciende a la suma de S/.5,166’565,256.00 en la fuente de financiamiento recursos ordinarios».
Cabe señalar que otros proyectos que se encuentran contenidos en los «objetivos del Fonavi» son los dirigidos a generación de suelo urbano, bono familiar habitacional, el de acceso de la población a la propiedad predial formalizada, y sobre acceso y uso de la electrificación rural.
Ello pese a que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley del Fonavi aclara que el aporte del trabajador será devuelto de manera individual y a través de un fondo solidario, en tanto que «dichos aportes fueron sustraídos del patrimonio de los trabajadores sin cumplir la finalidad preestablecida por el fondo».
En una nota informativa emitida por el TC, el año pasado, se señala que «el aporte del Estado y la empresa se destinará a un fondo colectivo y solidario, con el objeto de lograr la satisfacción de la necesidad básica de vivienda de los fonavistas que así lo requieran por su falta de acceso adecuado a este derecho fundamental».
PAGO INDEBIDO. Para el economista y jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), Pablo Secada, el pago que plantea el Gobierno del presidente Ollanta Humala, a través de la Ley de Equilibrio Financiero, «es ilegal».
«El Estado no puede usar programas de vivienda para pagar Fonavi. Sería ilegal si tenemos en cuenta, por ejemplo, que personas que nunca aportaron se verán beneficiadas», sostuvo Secada.
Y es que en su opinión, la forma de pago «debería estar a discreción de los contribuyentes y no en la manera en que al Estado se le da la gana».
No obstante, Secada, quien participó en la Comisión del Fonavi del MEF, señaló que la reestructuración de deuda, a través de un «menú de opciones» que contemplen estos programas de vivienda y saneamiento, solo sería aceptable «si las personas optan por estos libremente».
«Porque el Ejecutivo no las puede llevar a una forma de pago que más quisieran ellos», aseguró.
Así las cosas, Secada identificó dos puntos centrales: El fonavista debe decidir cómo quiere que se le pague «que pude ser en dinero, programas de vivienda e impuestos», y priorizar el pago de los aportantes de condición más humilde.
«Pagarles de otra forma es indebido porque no puede venir el que los cabeceó a decirles: tú cobras así o no cobras», acotó.
CONGRESO SE PRONUNCIA. Desde el Congreso, recinto que el 29 de agosto recibió el proyecto de ley refrendado por el presidente Ollanta Humala y el primer ministro Juan Jiménez Mayor, la medida es considerada «una burla».
Para el vocero de la bancada de Solidaridad Nacional, Gustavo Rondón, lo que plantea el Gobierno en la asignación de recursos para el Fonavi denota un contrasentido que conlleva a la inaplicabilidad de la Ley de Devoluciones.
«Puede ser un intento de burla a los aportantes», enfatizó tras hacer hincapié en que el Estado «debe respaldar a quienes aportaron y no recibieron el beneficio».
Por ello, Rondón aseguró que su bancada «censurará cualquier intento de despojar de sus derechos a la ciudadanía vulnerada».
Al respecto, el congresista Octavio Salazar criticó el proyecto de ley, pues consideró que «el Estado no puede hacer ‘perro muerto’ a los ciudadanos».
Salazar recordó que fue el mismo Estado el que les descontó por años a los fonavistas y que estos, ahora, esperan que se les devuelva el dinero.
Alertó que si el Gobierno quiere hacer obras con el dinero que les corresponde a los fonavistas, generará malestar social y desencadenaría situaciones de alteraciones del orden público.
«El Estado no puede ser quien se dedique a cerrarse con el dinero que los ciudadanos aportaron por años al Fondo Nacional de Vivienda. Recordemos que en ese entonces también fue distribuido en otras cosas y nunca se fue al sueño de la famosa casa prometida para que los ciudadanos puedan mejorar su calidad de vida», recordó.
Salazar indicó que el Estado no puede implementar programas aduciendo que se «beneficiarán todos».
«Me parece que el tema no va por ahí. Ellos han confiado en el Estado y ahora el Estado les paga de esa manera, eso no me parece correcto», dijo.
Indicó que se debe analizar dicho proyecto con los dictámenes expedidos por el TC , que están para cumplirse.
«No queremos hacerle caso a quienes administran la justicia en el Perú y hay que tener cuidado porque esto va a generar alteraciones del orden público o puede afectar la gobernabilidad del país», indicó.
Fuente: Diario Correo.pe
