Los representantes del fujimorismo en la Comisión de Educación del Congreso han iniciado una nueva batalla contra la ley universitaria. Luego de fracasar con la llamada Ley Cotillo, que pretendía mantener a las autoridades que no acataban la ley, gracias al rechazo de estudiantes, docentes y la comunidad en general; pretenden ahora modificar la ley universitaria resucitando una propuesta que, por trasnochada, ya estaba archivada.
Esta nueva versión corregida y aumentada de la Ley Cotillo elimina la SUNEDU, resucita una ANR retocada, reduce exigencias académicas, elimina la transparencia en la información y la fiscalización del uso de los recursos públicos, reduce los estándares de calidad y, confundiendo nuevamente autonomía con autarquía, convierte a la universidad en una institución de enseñanza a la que todo se le permite y a la que ni el Estado o la sociedad pueden reclamar nada.
Pero, veamos algunas piedras preciosas de este PL 4137/2014-CR que en su título señala, irónicamente seguro, que “…fortalece la autonomía, el sistema y la calidad de la educación superior”:
• Elimina como principios de la universidad el espíritu crítico y de investigación, la democracia institucional, la meritocracia, la afirmación de la vida y dignidad humana, la creatividad e innovación, el interés superior del estudiante, el rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.
• Crea el Consejo Nacional de Educación Universitaria – CONEDU – con solo las atribuciones de observar, solicitar, evaluar y coordinar el sistema universitario. Adiós con las funciones de fiscalización, sanción y normativa con las que cuenta la SUNEDU, para garantizar las condiciones básicas de calidad y del cumplimiento de la ley.
• Remeda a la antigua ANR señalado que 11 de los 16 miembros del CONEDU serían rectores: 10 de cinco Consejos Interregionales, uno de la ASUP (que sería representante de alguna universidad privada puesto que la mayoría de universidades públicas que formaban parte de se retiraron de esta asociación); además de un representante de CONEAU (perteneciente al organismo de acreditación SINEACE), otros tres provienen de organizaciones corporativas como CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias, Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales, y finalmente 1 de CONCYTEC. Ya podemos imaginar la agilidad, orientación y funcionalidad de tan singular organización.
• Otorga ventajas a las universidades con fines de lucro derogando todos los artículos de la ley que permiten la fiscalización de los recursos públicos entregados por exoneraciones tributarias, las libera de invertir en profesores a tiempo completo (reduce su proporción de 25% a 10%), de la obligatoriedad de la investigación, del servicio social universitario y la promoción del deporte. Es decir menos inversión y más ganancias sin control.
• Convierte la rendición de cuentas en una pantomima al quitar la obligación de publicar:
• El estatuto, el Plan Estratégico Institucional y el reglamento de la universidad (sin esta información los usuarios no conocerán ni las normas de la universidad ni hacia dónde se dirige)
• Las actas aprobadas en las sesiones de Consejo de Facultad, de Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria (las decisiones de las autoridades no se comunican)
• Los estados financieros de la universidad, el presupuesto institucional modificado en el caso de las universidades públicas, la actualización de la ejecución presupuestal y balances (la comunidad universitaria desconoce la solvencia de su institución)
• Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de diversa fuente, entre otros (no hay información de en qué se invierten los recursos y si tienen relación con los servicios que se prestan)
• Relación de pagos exigidos a los alumnos por toda índole, según corresponda (nadie responde por los cobros inopinados que se pueden hacer a los alumnos)
• Para completar la restauración antojadiza del viejo e ineficiente sistema universitario retoma versiones caducas del sistema de acreditación en vez de buscar modernizarlo e internacionalizarlo.
• Convierte a la acreditación en sistema de licenciamiento y la hace OBLIGATORIA cada 5 años, contradiciendo toda la experiencia internacional y el sentido de la misma.
• Revive al SINEACE en su versión más retrógrada al reconstituir a sus organismos IPEBA, el CONEACES y el CONEAU para que vuelven a ejercer funciones. De esta manera no solo se deja de lado la constitución de una institución acreditadora especializada en educación superior, sino que vuelve a depender de intereses corporativos.
• Para coronar, en un acto que suponemos de chauvinismo regional, dado el origen del proponente, incorpora a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica dentro de las universidades emblemáticas, que forman parte del Programa de Fortalecimiento.
Es claro que esta propuesta está lejos de considerar a la educación como un bien público que debe ser regulado en tanto procura el desarrollo y realización profesional de las personas, al mismo tiempo que debe contribuir, de cara al futuro, con atender las necesidades de la sociedad y resolver sus problemas.
Fuente: Aprendiendo
Un blog de Flavio Figallo Rivadeneyra, viceministro de Gestión Pedagógica en el Ministerio de Educación.
