Durante estos seis días de movilizaciones podemos resaltar con tinta roja la dignidad, coraje y profesionalismo de los educadores de la provincia de la cordialidad (Huarmey), por cuanto las condiciones materiales deplorables en las que labora por el abandono de la educación pública por parte de los gobernantes continuadores del modelo neoliberal es un signo distintivo, que los ubica como héroes o mártires de la Educación Nacional.
También es nuestro deber informar a la opinión pública que nuestra lucha comprende tres ejes fundamentales: en primer lugar la defensa de la Educación Pública, gratuita y de calidad para todos es una bandera programática justa del magisterio y el pueblo en la medida que los gobiernos neoliberales lo que hacen es abierta o encubiertamente facilitar la privatización de la educación. En segundo lugar la atención económica sueldos y deudas), en este caso particular se trata de defender los derechos conculcados como el no pago de bonificaciones y el aumento de remuneraciones congelados hace más de 7 años, desde el gobierno de Alejandro Toledo merced a la VIII Huelga Nacional del Magisterio cuando se lograron incrementos progresivos de conformidad con los acuerdos suscritos entre el SUTEP y el Gobierno, obviamente no llegó a doblarse los haberes pero alcanzó el 78% y como tercer eje fundamental es la de luchar por una Única ley para el Magisterio, de tal manera que se abra el debate democrático incorporando al mismo el proyecto de ley con los puntos de vista del SUTEP en la nueva legislación magisterial, respetando los derechos adquiridos para mejorar la calidad de la educación teniendo en el magisterio un factor clave.
Sin embargo pese a que estamos exigiendo la conformación de una comisión multisectorial de alto nivel, integrado por el portafolio del Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que dé solución a nuestro pliego de reclamos, una vez más viejos estilos del gobierno se ponen de manifiesto, ilegalización de la huelga en función de la Ley 28988, que considera a la educación básica como “servicio público esencial”, en contradicción a lo establecido en el derecho internacional y de la OIT que servicios esenciales constituyen el agua, energía eléctrica y salud; minimizar porcentajes de acatamiento de la lucha, utilizar a un sector instrumental de los padres de familia para socavar la huelga, soliviantar a los grupos divisionistas aventureros y violentista en contra de la huelga y la amenaza de sufrir descuentos y la de ser despedidos.
Corresponde entonces al SUTEP desarrollar esta huelga con firmeza, unidad, organización y capacidad de negociación, de cara al magisterio, los padres de familia y la opinión pública; emplazar al gobierno a que resuelva vía diálogo las reclamaciones centrales.
Prof. Pablo Anaya Carrillo
