El personal docente y administrativo del Sector Educación, implicado en los delitos de terrorismo y violación de la libertad sexual, no sólo serán separados o destituidos de sus cargos, sino inhabilitados definitivamente tanto para ejercer la docencia como para prestar servicios administrativos en dicho sector.
Así lo señaló hoy, la ministra de Educación, Patricia Salas O’Brien, al asegurar que en los próximos días, el gobierno del Presidente Ollanta Humala, remitirá al Congreso de la República, el Proyecto de Ley que regula dichas medidas extraordinarias.
El Proyecto plantea la necesidad de incorporar y modificar artículos del Código Penal y de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, dijo la ministra, que en las próximas horas se presentará ante el pleno del Congreso de la República.
Este nuevo marco legal permitirá, sin que medie objeción jurídica alguna, aplicar las acciones administrativas previstas en el Decreto Supremo Nro. 019-2010-ED del 3 de julio del año 2010, agregó Patricia Salas.
Acciones tomadas
Respecto a las acciones tomadas, en relación a la aplicación del Decreto Supremo antes mencionado, la ministra aseguró que a solicitud de su despacho, la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de la República alcanzó a la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación, la base de datos de sentenciados por delito de terrorismo desde el año 2003 al 2011.
Indicó que la información alcanzada mediante el Oficio Nro. 082-2012-MC-SPN del 7 de marzo, fue utilizada por la Unidad de Personal del Ministerio de Educación, quien cruzó información con el Sistema Único de Planillas. Este proceso permitió detectar que se encuentran en condición de activos 12 personas, dijo Patricia Salas.
Asimismo, señaló que el mismo cruce de información se realizó con la lista que el congresista Octavio Salazar Miranda le entregó con nombres de posibles sentenciados por delito de terrorismo que incluye los años anteriores al 2003. En este caso se detectó que se encuentran en condición de activos 138 personas en 21 regiones del país, sostuvo la ministra.
Oficios a presidentes regionales
En ese sentido, la titular de Educación, aseveró que con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nro. 019-2010-ED, su despacho ha remitido oficios a los Presidentes Regionales, con información sobre estas personas y solicitándoles que, de acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades funcionales, adopten las medidas legales administrativas que correspondan.
En el caso de la información oficial de la Sala Penal de la Corte Suprema se procederá, en forma inmediata, a adoptar las medidas administrativas señaladas en el Decreto Supremo mencionado.
Con relación a la lista entregada por el congresista Salazar Miranda, se realizarán las investigaciones pertinentes a fin de adoptar, en los casos en que se compruebe que dichas personas hayan sido sentenciadas por el delito de terrorismo, las medidas administrativas correspondientes.
Formación docente
Otro de los aspectos estratégicos asumidos por el Ministerio de Educación para evitar el rebrote de las posiciones terroristas, es el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas a través de la formación de nuestros niños y jóvenes en una cultura de paz y de fortalecimiento de los valores que acompañan a la democracia y a la vigencia del Estado de Derecho.
En esa perspectiva, la Alta dirección del Ministerio, ha tomado contacto con la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), para que, en forma conjunta, se convoque a los decanos de las Facultades de Educación y a directores de los Institutos Pedagógicos del país, a fin de hacer una revisión de la formación docente en las materias relacionadas con la enseñanza de la historia, ciencias sociales, y educación cívica y ciudadana.
Fuente: Minedu
