Mediante el DS 065-2011-PCM, expedido a última hora, blinda a funcionarios apristas cuyos contratos estaban al borde del vencimiento. »
Los nuevos ministros y jefes de instituciones públicas se vienen quejando que no pueden poner a su lado a una secretaria de su confianza o un chófer que no haya trabajado con el anterior gobierno. Es decir, les han amarrado las manos porque no pueden despedir a personas con contrato vigente, pero tampoco tomar reemplazos porque no hay plazas disponibles y presupuesto para financiarlas.
El truco del APRA ha sido revolver a su gente en los contratos llamados CAS (Contratos Administrativos de Servicios), donde hay muchos trabajadores antiguos que anteriormente estaban en el sistema de “contratos no personales”, ocupando los puestos intermedios de dirección y las mejores remuneraciones, y prorrogarlos por los siguientes meses cerrándole las puertas a los nacionalistas y a las propuestas que traían las nuevas autoridades.
Última hora
Un decreto de última hora, dictado el 27 de julio, y publicado en el diario oficial “El Peruano”, -el mismo día que Alan García se corría sigilosamente negándose a entregar la banda presidencial en el Congreso-, modifica contra el reloj el régimen de CAS y obliga a considerar automáticamente renovados los contratos a los trabajadores que no hayan sido avisados de su vencimiento con cinco días de anticipación.
El tiempo de prórroga será siempre el mismo por el que se había firmado el contrato anterior. Esta medida de aparente protección de los derechos de los trabajadores contratados está contenida en el DS 065-2011-PCM. Pero lo que llama la atención es que no se dictó durante el gobierno aprista, sino para el que venía después de él y que dicho sea de paso había señalado en su programa que acabaría con los regímenes especiales que recortan los derechos laborales como el CAS.
El asunto es que el DS 065 tiene que ver no solo con trabajadores regulares de la administración pública, profesionales y de servicios, que están muchos años sin ser nombrados y que son cumplidores de sus funciones, sino con un considerable número de personas con carnet del APRA o ligazón con anteriores autoridades, que entraron hace poco (muchos en el último año) y que tienen la pretensión de quedarse en el Estado.
Corrupción
Muchos se preguntan, además, si la intención de Alan García y su primera ministra Rosario Fernández era solo garantizar unos meses más de ocupación para sus partidarios, o si se trata de mantener topos en la administración para eliminar documentos comprometedores y borrar otras huellas de la corrupción.
El caso del funcionario de Foncodes descubierto sacando documentos de la institución, o lo que ha ocurrido en el Banmat, indican que hay enemigos dentro del propio Estado que pueden causar mucho daño a la nueva gestión.
En algunos sectores, además, la dificultad se agrava porque los titulares, por inexperiencia y déficit de equipo, no han cambiado tampoco a los directores y otros jefes de línea, o peor aún, se han traído supuestos “expertos” en el sector con malos antecedentes, como advertíamos ayer en una nota sobre el sector transportes.
El efecto de esto es que el personal de base se desmoraliza porque advierte que la voluntad de cambio se entraba por la deficiente calidad y confiabilidad de los cargos intermedios y algunos de los más elevados. Lo mismo ocurre con los usuarios que son aún menos pacientes en sus críticas.
Fuente: Diario La primera.com
