Proinversión declaró de interés público el concurso internacional para la implementación de bloqueadores de celulares en 33 penales y dio un plazo de 90 días para que las empresas expresen su intención de participar en el proyecto.
Asimismo, destacó que el costo de la implementación, operatividad y mantenimiento de estos equipos no será asumido por el Estado, sino por la empresa en su totalidad, lo cual es una forma interesante de abordar el problema de la seguridad ciudadana.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, manifestó que, de no haber interesados, se procederá a adjudicar este servicio directamente a la compañía que presentó la iniciativa.
“El ganador del concurso también administrará los teléfonos públicos instalados en el interior de los centros de reclusión. Este sistema evitará que se sigan planeando extorsiones desde las cárceles”, dijo tras participar en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
Por su parte, el premier Juan Jiménez, indicó que esta medida tiene como objetivo evitar el planeamiento y comisión de delitos desde los centros penitenciarios.
De otro lado, adelantó que en breve se aprobará el reglamento de control biométrico para los chips prepagos de celulares, que permitirá tener un mejor control de la identidad de los dueños de los teléfonos.
Fuente: Perú 21.pe
