El Congreso de la República aprobó con amplia mayoría de votos el proyecto de ley que propone modificar los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política, a fin de prohibir la reelección inmediata de presidentes y consejeros regionales, alcaldes y regidores, autorizarlos a volver a postular solo después de pasado un periodo de gobierno, y cambiar la denominación de ‘presidente’ por el de ‘gobernador regional’.
La proposición legislativa, dictaminada por la Comisión de Constitución y Reglamento, y sustentada por su presidente, Cristóbal Llatas Altamirano (NGP), propone establecer también que el mandato de las autoridades regionales y municipales sea irrenunciable y pueda ser revocado de acuerdo a ley.
Así mismo, propone establecer que los ‘gobernadores regionales’ estén obligados a concurrir al Congreso de la República cuando este lo requiera de acuerdo a ley y bajo responsabilidad; a la vez que facultarlos para interponer acciones de inconstitucionalidad, con acuerdo del Consejo Regional, en materias de su competencia.
La propuesta de reforma constitucional contó con el respaldo de 93 fotos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones. Para su aprobación se requería del voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros (87 congresistas).
Antes de la votación se dio lectura al artículo 206º de la Constitución que dispone que toda reforma constitucional debe ser ratificada en dos legislaturas ordinarias sucesivas, por lo que volverá a votarse en la segunda legislatura que se iniciará el 1 de marzo de 2015.
En el debate que suscitó el dictamen, el congresista Vicente Zeballos (SN) cuestionó que se propusiera eliminar la posibilidad de revocar esas autoridades a mitad de su mandato, como lo establece la normatividad vigente.
En el mismo sentido, Javier Bedoya (PPC-APP) opinó que eliminar la revocatoria significaría “vaciar de contenido” el artículo 31º de la Carta Magna, y dejaría únicamente a los jueces de paz los sujetos a revocatoria, sin considerar que estos no son elegidos por votación popular.
Recordó que la revocatoria era un derecho ciudadano establecido en la Constitución y no podía ser dejado de lado, sin un mayor análisis.
Cuestionó también la propuesta de impedir la reelección inmediata, ya que conduciría a elegir 25 autoridades regionales y más de dos mil municipales ‘nuevas’ cada cuatro años, sin tener en cuenta que en las últimas elecciones solo 5 presidentes regionales fueron reelectos, lo que constituye un 16% del total. “¿Dónde quedarían las autoridades honestas, y que hagan una buena administración?”, se preguntó.
Su colega Lourdes Alcorta (CP) consideró ‘extemporánea’ la propuesta legislativa, ya que había sido debatida y dictaminada en la legislatura pasada, pero no fue incluida en la agenda del Pleno, lo que habría evitado el “nefasto 5 de octubre negro”, refiriéndose a las recientes elecciones regionales y municipales.
La propuesta del congresista Marco Falconí (UR) de ampliar el período de gobierno de las autoridades regionales y municipales a cinco años, motivó el respaldo de sus pares Alberto Beingolea (PPC-APP), para quien permitiría “poner orden en casa” y economizar en la convocatoria a elecciones generales en una sola fecha; y Manuel Merino De Lama (AP-FA), entre otros, ya que facilitaría realizar una mejor función.
Beingolea propuso también incluir a las autoridades regionales en lo dispuesto en el artículo 99º de la Constitución, y así autorizar a la Comisión Permanente a acusarlas “ante el Congreso de la República por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que haya cesado en estas”.
Martín Belaunde (SN) se pronunció en contra de la no reelección, y Juan Pari (DyD) opinó que esa propuesta no impediría la comisión de actos de corrupción, como ha ocurrido en México, donde la no reelección es absoluta en todas las instancias, según dijo.
Para José León (PP) la no reelección evitaría que las autoridades empiecen a pensar en su relección desde el mismo instante en que asumen su cargo, y Javier Velásquez (CP) opinó que debía modificarse el dictamen para que no se conceda igual tratamiento a autoridades (regionales y municipales) con distintas características y funciones. No obstante, ambos legisladores anunciaron que votarían a favor de la iniciativa.
En el debate participaron también congresistas de todas las bancadas, la mayoría de las cuales anunció su voto a favor, lo que se reflejó en la votación final.
Fuente: PRENSA-CONGRESO
