Las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles estarían prohibidas de obligar a alumnos y padres de familia a adquirir textos escolares necesariamente nuevos o de primer uso o que estén diseñados para un solo uso.
El objetivo es terminar con la cadena de corrupción que se ha formado en torno a la exigencia de textos escolares nuevos cada año, perjudicando la economía de los padres de familia y favoreciendo a empresa editoriales.
Así determinó la Comisión de Defensa del Consumidor al aprobar por unanimidad el Proyecto de Ley 369/2011 de iniciativa del legislador José Luna Vargas (SN).
La ley garantiza el derecho de los alumnos y padres de familia de adquirir y utilizar textos de segundo uso, como fuente de consulta de estudio y trabajo. Y a la vez promueve en instituciones educativas el intercambio de materiales, fomentando los bancos de libros como se hace en otros países y como se hacía antes en nuestro país, explicó el legislador Jaime Delgado (NGP), presidente de la comisión.
El mismo criterio regirá para los centros educativos nacionales que hasta la fecha tenían la política de entregar libros a los alumnos anualmente y no recogerlos para un segundo uso.
El Ministerio de Educación establecerá los criterios e indicadores de calidad de los textos escolares que utilizarán las instituciones de gestión privada, en los procesos de selección y adquisición de material educativo y las Unidades de Gestión Educativa (UGEL) supervisarán su cumplimiento.
El texto de la iniciativa aprobada propone la creación de un Observatorio Nacional de Textos Escolares a cargo del Ministerio de Educación para que sea el órgano encargado que publique en su portal los criterios e indicadores de calidad que todos los textos escolares deberán contener más la información actualizada sobre el precio final de los mismos.
