La vigencia de la Ley de Carrera Pública Magisterial, puesta en marcha por el gobierno saliente, será evaluada después del 28 de julio en vista de que se ha determinado que no ha logrado su objetivo original de “revalorar al maestro e impulsar la meritocracia”.
Durante una conferencia de prensa en la que se informó sobre la situación encontrada en los sectores Educación y Cultura por las respectivas comisiones de transferencia, la coordinadora Marisol Espinoza precisó que hasta el momento la implementación de la Carrera Pública ha sido “controversial, lenta y mal planificada”.
“Los especialistas concuerdan que la forma de evaluar a los maestros ha sido sesgada e incompleta, y no se ha avanzado en diseñar una evaluación centrada en los desempeños profesionales de los docentes. Hay elementos de la CPM que no han sido aún implementados: programa de inserción, capacitación de directores”, detalló.
De otro lado, Espinoza lamentó que la Educación no sea una prioridad para los gobiernos de nuestro país. Comentó, por ejemplo, que la inversión en ese sector ha disminuido entre el 2006 y el 2010 del 3,3% al 2,9% del PBI, pese al compromiso suscrito en el Acuerdo Nacional de avanzar hasta el 6%. “Esto significa que nuestro país está por debajo del nivel promedio de inversión en educación de América Latina, que es el 4,6% del PBI”, dijo.
Agregó que la contratación de personal aumentó de 3 mil 215 trabajadores en julio del 2006, a 5 mil 330 en julio del 2011, pese a que el presupuesto de inversión en educación por alumno bajó. Finalmente, afirmó que no se pudo acreditar las cifras de alfabetización presentadas por el gobierno saliente.
No se defiende el patrimonio cultural
Sobre el sector Cultura, Marisol Espinoza reveló que se ha encontrado una deficiencia en la defensa del patrimonio cultural y de los intereses del Estado. En ese sentido, indicó que “todos los procesos judiciales que atañen a la defensa del patrimonio son deficientes por falta de presupuesto y organización en el ministerio”.
En otro momento, la vicepresidenta electa agregó que las direcciones regionales no cuentan con abogados para la tramitación de los procesos y carecen de los recursos para esa labor.
Finalmente, Espinoza dijo que el Ministerio de Cultura ni siquiera cuenta con sus respectivos planes estratégicos y operativos, lo que imposibilita el desarrollo de sus actividades y alcance de objetivos.
Fuente: La República
