El Congreso de la República promulgó la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, que excluye del ámbito de la Ley del Servicio Civil (Servir) a los 25 mil servidores jurisdiccionales y administrativos del servicio de justicia, y regula su trabajo, permanencia, remuneración, ascenso y terminación de la relación laboral con el Estado.
La promulgación estuvo a cargo del presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta Velarde, y al acto asistieron el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, jueces titulares de la Corte Suprema y demás funcionarios de ese poder del Estado.
La regulación de la Carrera del Trabajador Judicial dota a los servidores judiciales de una estructura orgánica y funcional y establece las pautas para el ingreso, permanencia y ascenso de las plazas sometidas a concurso público. Además, señala los principios rectores para la selección, nombramiento, capacitación, deberes, régimen remunerativo, negociación colectiva y sanciones. También fija los niveles remunerativos de acuerdo a las funciones.
La norma fue aprobada por el Pleno del Parlamento el pasado 15 de marzo, vía insistencia.
En su discurso, el presidente del Congreso de la República dijo que la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial es un extraordinario avance y un paso fundamental para la búsqueda de una mejor administración de justicia. «Sabemos que ustedes harán un buen uso de este marco jurídico», manifestó Galarreta dirigiéndose a los presentes.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial señaló que se trata de una ley esperada por casi 200 años, pues no se tenía una norma propia para los trabajadores del Poder Judicial. «Merecían tener una ley y ya se está haciendo realidad», indicó.
Seguidamente, aseguró que «con esta norma no va a primar el favoritismo, ni el compadrazgo, sino la meritocracia».
A su vez, la congresista fujimorista Alejandra Aramayo, una de las impulsoras de la norma, destacó que la ley establece los modos de ingreso a la carrera judicial, vía concurso público, las escalas remunerativas y el régimen disciplinario, entre otros aspectos.
La legisladora exhortó a los trabajadores judiciales a no realizar más huelgas, ya que por cada día de paralización se frustran unas 300 diligencias.Pero no aclaró qué pasará con los trabajadores que no cumplen con las exigencias para ejercer su función.
Fuente:larepublica
