Mañana empieza, como sabemos, el año escolar. Mucho se ha hablado de la importancia de la educación, más desde el plano humano y social, pero también desde el económico. Una población mejor educada despliega en mayor medida sus derechos y responsabilidades ciudadanas, elige mejor a sus representantes en los estamentos públicos y permite la innovación y la adopción de mejores tecnologías. La educación, pues, no es solo una necesidad esencial para el individuo, sino una provisión que debe preocuparnos e interesarnos a todos por igual. Los beneficios, o perjuicios, terminaremos percibiéndolos de una u otra manera.
Hoy, en la conversación que publicamos con el ministro Jaime Saavedra, sobrepasamos la necesidad y las principales variables de la llamada “reforma educativa”. Es un excelente resumen de lo que se está haciendo y de lo que se espera conseguir en los próximos años. No es necesario profundizar aquí en lo mismo, basta con señalar la importancia de continuar esta reforma en los próximos mandatos. La pregunta, obvia, es cómo ponerle candados a la misma; léase, alguna manera de impedir que el próximo gobierno, bajo el recurrente complejo de Adán de nuestras autoridades, decida deshacer todo para criticar lo andado y presentarse como el mesías educativo.
Lo primero es revisar si, en efecto, la reforma es suficiente o si carece de atributos que la hagan, por ello, revisable. La reforma cubre, en mi opinión, los cuatro pilares importantes: magisterio, infraestructura, pedagogía y gestión. Entre ellos, en efecto, puede haber espacios de mejoras, pero en lo sustancial están cubiertas las principales áreas de una reforma integral.
Lo segundo es, entonces, revisar los potenciales candados que impidan un retroceso en la reforma educativa. En la entrevista, el ministro Saavedra propone que sean los padres de familia y los alumnos, los usuarios, quienes sirvan de escudo frente a un futuro desvío del modelo. Esto suena bien, y lógico, pero no deberíamos contar con ello como suficiente. La reforma del transporte de la gestión anterior, por ejemplo, demuestra que la aprobación ciudadana no es suficiente: la mayoría de limeños aprueba la continuación de la reforma (así sea parcial) empezada por la Sra. Villarán; sin embargo, la actual gestión se la está llevando por delante sin que la opinión pública sirva de protección.
Otro candado podría ser institucional; esto es, que sean los docentes y los que integran las instituciones y organismos relacionados quienes defiendan estos avances. Pero ello será posible solo si ya percibió la gran mayoría los beneficios de la reforma o si hoy están –a priori– a favor de la misma.
Un candado más resistente sería un acuerdo político que garantice la continuidad de las medidas adoptadas. En dicho acuerdo, por ejemplo, se podría señalar el futuro del actual equipo liderado por el ministro Saavedra; se podría, igualmente, hacer mención de esas propuestas señaladas líneas arriba (espacios de mejoras) dentro del marco de lo avanzado. Dicho acuerdo se podría incluir en acuerdos más grandes como el Acuerdo Nacional o una declaración conjunta que garantice al pueblo la continuidad de lo acordado.
Para algunos, la búsqueda de estos candados podría sonar un poco excesiva; al final, dirán algunos, es una reforma más. Y es que ahí reside el gran problema de nuestra calidad educativa: la falta de continuidad de lo que funciona. En los sesenta, la educación peruana era de muy buena calidad; algunas universidades como la Agraria, la UNI (Ingeniería) o la Cayetano Heredia eran de clase mundial. El gobierno militar y el desastre posterior de los ochenta retrotrajo lo avanzado. La única manera de garantizar, en el futuro, una mejor calidad educativa es reforzando lo hecho, continuar lo andado en este gobierno.
Fuente: Perú21.pe