En el organigrama que investiga la procuraduría hay 27 personas vinculadas a él. Hasta ahora solo hay seis encausados
Hasta ahora, solo hay seis personas comprendidas en el proceso que por asociación ilícita y peculado se inició al presidente del Gobierno Regional de Áncash, César Álvarez. Sin embargo, la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado a la fiscalía que en la investigación se incluya a otros 26 implicados.
Para la procuraduría, en este caso –conocido como ‘La Centralita’– se cometieron otros delitos, como cohecho, encubrimiento personal y violencia contra la autoridad, por lo cual se ha solicitado que estos ilícitos sean tomados en cuenta.
Para el procurador anticorrupción Christian Salas, hay serios indicios de la existencia de una organización criminal, que estaría encabezada por Álvarez y que integrarían congresistas, periodistas, policías, abogados y autoridades locales.
Por eso, el abogado del Estado ha solicitado que también sean investigados los legisladores Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, el abogado Rodolfo Orellana y el empresario Martín Belaunde Lossio, entre otros.
El procurador Salas sostiene que, si bien han identificado a 27 personas que integrarían la red supuestamente montada por César Álvarez, son muchas más las que estarían involucradas, según la hipótesis de trabajo. “Hay sospechas de otras personas, pero eso lo manejamos aún de manera reservada. En la medida en que se reúnan más indicios, se podrá pedir que también sean incluidas en la investigación”, dijo.
Este Diario pudo averiguar que en la Procuraduría Anticorrupción se ha elaborado un organigrama de trabajo (ver infografía) sobre la supuesta red que habría formado Álvarez, cuyos tentáculos alcanzarían diversas esferas y muchos estamentos del Estado.
No es un documento oficial, pero es un esbozo ilustrador de cómo estaría organizada esta red de corrupción y las áreas de influencia que tendría. Sobre los nombres consignados, en algunos casos, hay muchos indicios, en otros, existen solo simples sospechas.
En la sustentación del pedido para ampliar la investigación –que por ahora solo está referida a la compra de la línea editorial de un grupo de periodistas del Santa– la procuraduría asegura que hay serios indicios para creer que se trata de una organización criminal.
Sostiene que se habría formado en Chimbote en el 2009 para cometer actos de corrupción a través del cobro de sumas de dinero a cambio del otorgamiento de las obras públicas del Gobierno Regional de Áncash a particulares.
Agrega que parte de los fondos públicos se destinó a comprar periodistas y sobornar a policías, jueces y fiscales. De este modo, se buscaba impedir, obstaculizar y archivar las denuncias contra los miembros de la organización criminal.
Además de los ya citados como presuntos miembros de la organización, también se mencionan a Luis Arroyo, alcalde provincial del Santa, quien habría sido el nexo con los sicarios.
OTROS MIEMBROS DE LA RED
EL EX POLICÍA
José del Carmen Ramos, ex miembro de la PNP y guardaespaldas de César Álvarez, se habría encargado de recolectar los cupos de las obras públicas licitadas.
LA PERIODISTA
Rosa Olivares, cuyo caso dio a conocer este Diario, aumentó su patrimonio sospechosamente.
EL FISCAL
El fiscal Dante Farro, como presidente de la Junta de Fiscales del Santa, ejercía influencia sobre sus colegas para que no investigaran a César Álvarez.
Dale clic a la imagen para ampliar.
Fuente: elcomercio.pe
