El Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad parcial de la ley aprobada por el Congreso que creó la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, por considerar atentatoria contra la autonomía universitaria.
Según la sentencia recaída en el expediente Nº 00019-2011-PI/TC, se verificó que el Congreso aprobó la ley sin tener certeza de la disponibilidad de recursos suficientes, dado que no se cuenta con informe técnico del Ministerio de Economía.
Ante ello, el TC advirtió que el Legislativo incurrió en iniciativa de gasto, lo que está prohibido por la Constitución, razón por la cual declaró la inconstitucionalidad. Sin embargo dispuso que, en previsión de las consecuencias, los efectos de la sentencia quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2013, plazo que tiene el Congreso para recabar dicho informe.
De lo contrario, la inconstitucionalidad declarada surtirá plenos efectos desde el 1 de enero de 2014. Adicionalmente, se declaró la inconstitucional de la Ley 29780, de conformidad con una anterior sentencia recaída en el expediente Nº 0017-2008-PI/TC. El TC señaló que era inconstitucional que el Consejo Nacional para la Autorización de Universidades (Conafu) mantenga la competencia de autorizar el funcionamiento provisional o definitivo de universidades privadas o públicas.
En ese sentido indicó que es deber de la futura entidad que ostente la competencia para autorizar el funcionamiento de universidades, disponer de un estudio técnico serio que determine la existencia potencial de una importante demanda laboral en relación con las profesiones o carreras técnicas que se proyecta ofrecer.
En el caso de las universidades públicas, las carreras deben guardar correspondencia con las demandas de los sectores laborales productivos, sociales y ambientales que deben ser priorizados para el desarrollo sostenido, integral y equilibrado del país.
Fuente: Andina.
