Los alcances de la ley promulgada por el Ejecutivo para permitir que pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía puedan ser contratados por entes públicos, deben de ampliarse a todo el aparato estatal a fin de que puedan también volver a prestar servicios cuando se les necesite, planteó el congresista Alberto Beingolea.
El congresista saludó la promulgación de la referida norma y dijo que permitirá que personas conocedoras del tema de la seguridad puedan contribuir a preservarla, recibiendo a cambio una remuneración, sin perder sus pensiones.
“El problema que se ha resuelto con esta ley es el de que muchos pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía a los que se les hacía esta oferta laboral no aceptaban ya que ello implicaba renunciar a su pensión para volver a recibir una remuneración del Estado”, indicó.
Al ser esta última casi siempre menor que la pensión recibida, el ofrecimiento no resultaba lo suficientemente atractivo; pero ahora mediante la norma se ha hecho la precisión de que en estos casos no hay impedimentos para percibir ambos conceptos, refirió.
“Además, la Constitución dice que no se puede recibir dos remuneraciones del Estado, pero la pensión no es una remuneración, sino un derecho ganado durante la vida laboral”, acotó.
Esta precisión debería ampliarse también a otras actividades desarrolladas en el sector público, estimó Beingolea, quien indicó que a eso apunta el proyecto de ley que acaba de presentar.
En el mismo se plantea modificar el artículo 7 del Decreto Legislativo 276 o Ley de Bases de la Carrera Administrativa, así como el artículo 3 de la Ley Marco del Empleado Público (28175).
“Hay mucha gente que es pensionista, que tiene grandes calidades profesionales y de trabajo y que podría prestar servicios al Estado en diversas plazas pero no lo hace porque le ofrecen un sueldo que es pequeño en relación a la pensión que reciben”, dijo.
Contar con esas personas contribuirá a mejorar la eficiencia y los servicios que ofrece el Estado, añadió.
“No podemos seguir con conceptos que nos limitan enormemente y que además son inconstitucionales”, puntualizó.
ANDINA
