Proyecto de Ley de Desarrollo Docente establece un aumento general para todos y reconoce a maestros de la Carrera Pública Magisterial que solo logró inscribir a 10% de los 260 mil docentes del país. La República pudo conocer detalles de su contenido.
Las frases desorden salarial en el magisterio, evaluación universal, mejores remuneraciones, una línea de carrera basada en méritos y desarrollo profesional, e incentivos para laborar en zonas alejadas o de frontera, aparecen en las 25 páginas del proyecto de Ley de Desarrollo Docente que el gobierno entregará al Congreso la próxima semana.
Según se desprende de la exposición inicial del proyecto, sería lo mejor para los 260 mil maestros en el Estado. Sin embargo, cae en el error político de no ser comunicado apropiadamente, según expertos.
La República accedió en exclusiva al documento que parte de la premisa de los errores de la Ley de Carrera Pública Magisterial (29062), aprobada en el gobierno de Alan García.
«En la práctica existen dos marcos normativos para los docentes, la Ley del Profesorado y la Ley 29062 que reconocen derechos y escalas remunerativas diferentes que terminan dividiendo y enfrentando a los maestros», señala la exposición de motivos.
Como consecuencia –continúa– tras cinco concursos nacionales con más vacantes que inscritos, solo se incorporaron 25 mil docentes, del total de 267 mil. Menos del diez por ciento. Para el gobierno humalista, la incorporación gradual y voluntaria en diez años, desde el 2008, no fue lo mejor.
«El proyecto de ley se plantea como el nuevo y único marco normativo que debe integrar a todos los profesores, ofreciéndoles las mismas posibilidades de desarrollo profesional a través de procedimientos meritocráticos», refiere la iniciativa. Esta integración permitiría «poner en orden las planillas de pagos e impulsar el desarrollo profesional como parte de un plan de reforma estructural y descentralizada».
El anteproyecto de 67 artículos da prioridad a la formación docente, fija incentivos y ocho niveles, con diferencia salarial de 160% entre el último y primero. El ascenso será en base a desempeño laboral, formación y ética y a evaluación universal. Dos disposiciones finales reconocen a los profesores de acuerdo a su nivel en la Ley del Profesorado, y a los ya evaluados en la ley aprista. Uno de los aspectos es el énfasis que la nueva ley pone en el desempeño del maestro en el aula.
Mala comunicación
Aun cuando debe pasar por el Consejo de Ministros, el proyecto ya genera debate político y amenazas de la oposición del Congreso con interpelación y acusación constitucional a la ministra Patricia Salas.
Ayer, el presidente Ollanta Humala lo defendió así: «Estamos avanzando en educación. Queremos mejorar la Carrera Pública Magisterial, darle más escalas de niveles y mejor remuneración, no queremos que nuestros profesores estén mal pagados y no se preparen».
Señaló que esta ley es parte de la inclusión social y de reformas para terminar con la desigualdad. «Es la gran transformación que quiero trabajar con ustedes», dijo a pobladores en San Martín de Porres.
Para expertos en el tema educativo, la intención es buena, pero hay problemas de comunicación.
«El Ministerio de Educación y el gobierno no están comunicando bien sus intenciones, porque no se empieza de cero, se está tomando lo mejor de la LCPM y Ley del Profesorado», señaló Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos.
El sociólogo investiga por dos décadas el tema educativo y explicó a este diario que «en países de América Latina donde hay más de una ley para docentes, se generan problemas. Esta ley iguala la plataforma de trabajo y pone énfasis en el desarrollo profesional».
Sostuvo que mientras la ley aprista privilegia la relación contractual del maestro con el Estado, la Ley de Desarrollo Docente pretende el avance docente en base a méritos y las rutas para llegar a niveles altos (director, subdirector) o para ser funcionario del sector: «Terminaría con la politización de cargos en las UGELes (Unidad de Gestión Educativa Local) del ministerio».
Politización también
Ricardo Cuenca observa que la polémica en la nueva ley es generada por el Apra y el Movadef infiltrado en el magisterio.
Recordó que la LCPM aprista fue la única en la región aprobada en medio de una huelga del Sutep, el 2007: «Los profesores se sintieron confrontados. García les dijo comechados y después tuvo que disculparse».
Por su parte, el educador León Trahtemberg sostiene que el problema de la LCPM no podía incorporar a todos los profesores porque solo se planteó 10 años y no habría financiamiento. «La mayoría quedaría fuera y con sueldos congelados. Esto empezó a crear fricción».
Por esta razón el gobierno anterior no derogó la Ley del Profesorado. «Por otro lado, la LCPM plantea que quienes desaprueben tres veces dejarán la docencia y el Sutep se oponía por estabilidad laboral; por ello se suspendió la aplicación de esta parte de la norma».
Según dijo el experto a La República, la nueva ley pretende corregir estas fallas: «Ahora los voceros del Apra difunden la idea de que se deroga la LCPM y todas las evaluaciones, y no es así. Solo le dan otro nombre y otro marco legal».
Ayer, la ministra Salas visitó al presidente del Congreso, Víctor Isla, para coordinar una presentación ante el Pleno.
Tras ello, aseguró que «no se trata de traer abajo una ley con la que se ha avanzado tanto, sino, por el contrario, de reforzarla». Salas iniciará hoy reuniones explicativas con las bancadas, empezando por Alianza Parlamentaria.
La bancada fujimorista presentaría hoy la moción de interpelación a la ministra, con la amenaza de una acusación constitucional y hasta censura, según sus voceros. El debate sigue abierto y la batalla política recién empieza.
En cifras
Mil 200 soles es el sueldo promedio de un maestro.
60 mil docentes accedieron a la CPM, según el Apra. Para el gobierno son solo 25 mil.
28 años tiene la Ley 24029 del Profesorado, dada en el gobierno de Belaunde.
Fuente: La República
