El pleno del Congreso aprobó en su sesión vespertina un dictamen que modifica el Código Penal y Procesal Penal a fin de establecer duras sanciones para los invasores o usurpadores de terrenos.
El dictamen aprobado por unanimidad penaliza el delito de “usurpación clandestina” con cinco años de prisión en su forma básica, y con hasta diez años de pena privativa de la libertad cuando tiene algún agravante.
Alberto Beingolea, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, explicó que el objetivo de esta ley es combatir el “problema endémico” en que se han convertido las invasiones de terrenos en todo el país.
Indicó que hasta el momento existía una carencia de herramientas legales suficientes para combatir esta ilegal práctica.
ESTABLECEN DESALOJO PREVENTIVO
Asimismo, destacó que la ley no solo agrava las penas, sino que pone en vigencia en todo el país el artículo 311 del Código de Procedimientos Penales, el cual permite tomar medidas con mayor agilidad frente a una usurpación de terrenos.
“Este artículo permite al juez tomar una medida cautelar de manera que de inmediato se ordene la recuperación del terreno”, enfatizó.
Según informó el Congreso, el dictamen establece el “desalojo preventivo” y la devolución de la propiedad en su legítimo dueño en tres días.
“Se está ampliando el tipo penal de usurpación de tal manera que abarcará sin ninguna discusión, no solo el acto de usurpación, sino fundamentalmente el acto de instigación”, manifestó Beingolea en declaraciones a la prensa tras la aprobación del dictamen.
Fuente: El Comercio