¡Atención, padres de familia! Las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles estarán prohibidas de obligar a sus alumnos a adquirir textos escolares nuevos o que estén diseñados para un solo uso. Así lo dispuso la Comisión Permanente del Congreso de la República a través de la aprobación de una iniciativa de ley que busca frenar los precios sobrevalorados que ofrecen las editoriales.
Dicha norma exige que se respete el derecho de los escolares a adquirir libros de segundo uso como fuente de consulta o material de estudio y de trabajo. Además, precisa que las instituciones educativas deberán promover los bancos de libros para que los alumnos puedan intercambiar sus materiales educativos.
Según el presidente de la Comisión de Protección al Consumidor, Jaime Delgado, en los últimos diez años las editoriales han aprovechado en crear la necesidad de utilizar libros nuevos, porque la gran mayoría contienen tareas para ser desarrolladas y corregidas con plumón o con lapicero.
“La idea es que los alumnos puedan hacer las tareas en cuadernos aparte y que los libros que fueron usados por los hermanos mayores sean destinados a los menores”, precisó, al sostener que de esta manera las editoriales podrán competir más entre ellas reduciendo así el precio de sus textos.
La iniciativa pre aprobada que propone modificar la Ley 29694 contó con 22 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Hoy tendrá que ser aprobada por la Junta de Portavoces del Parlamento para ser enviada directamente al Ejecutivo y así poder ser publicada en las normas legales del diario oficial El Peruano.
MÁS OPCIONES PARA ESCOGER LIBROS
Cabe destacar que el Ministerio de Educación (MED) también será responsable de establecer los criterios pedagógicos en los procesos de selección y adquisición de material educativo que utilizarán las instituciones de gestión privada.
En ese contexto los padres de familia ahora tendrán un abanico de posibilidades de elegir los textos escolares que mejor se adecúen a su economía. La norma destaca que los docentes, en coordinación con el director del colegio, deberán presentar, por lo menos, tres propuestas del texto de cada área curricular que cumpla con los criterios pedagógicos y estándares de calidad establecidos en la ley.
Por otro lado, también se propone la creación de un Observatorio Nacional de Textos Escolares (ONTE), a cargo del MED, que se encargue de publicar en su portal los criterios pedagógicos e indicadores de calidad que todo texto escolar debe contener. Las editoriales estarán obligadas a registrarse en dicho observatorio y dar información actualizada sobre el precio final de sus textos, fijados por el proveedor.
El proyecto fue emitido por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte; y la de Defensa del Consumidor. En el debate los legisladores demandaron mayor acción y fiscalización del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indecopi) y del Ministerio de Educación ante los actos abusivos de las editoriales.
Fuente: Diario 16
